Nada Personal

ASF destapa cloaca en alcaldías

El año pasado un grupo de ciudadanos del municipio serrano de Chilchotla acudió a las oficinas de los auditores Superior del Estado y Federación para pedir se investiguen las anomalías en las obras públicas de la entonces presidenta municipal de extracción priista, Herminia Jimarez Martínez.

Los solicitantes regresaron al pueblo con las manos vacías cargando en sus espaldas la loza de impunidad a favor de la ex alcaldesa protegida por Javier López Zavala y el panista Jorge Garcilazo Alcántara, ex diputado local.

Los denunciantes se referían a obras hechizas, simuladas y de papel de Jimarez Martínez en perjuicio del erario federal de recursos del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Impune, la ex alcaldesa se pitorreaba de los denunciantes y presumía del respaldo del gobierno estatal porque con dinero del ayuntamiento de Chilchotla financió las campañas locales del PAN y del PRI en varios municipios de la región.

De una modesta auxiliar de enfermería, Herminia Jimarez se convirtió en presidenta municipal en una gestión de escándalos por actos de corrupción, prácticas de nepotismo y en su vida privada.

Con el dinero que amasó se sometió a cirugías estéticas, se divorció para casarse con el joven director de Obras del ayuntamiento con quien hoy comparte una próspera empresa constructora que acapara obras de ayuntamientos como el de Saltillo Lafragua a quien financió la campaña.

Herminia Jimarez abandono hasta el catolicismo para abrazar la causa de la Iglesia Luz del Mundo.

La ASF admitió pruebas presentadas por ex funcionarios, ex regidores y ciudadanos, de acuerdo a la Queja Número Q-02/2014. Innumerables anomalías con quebranto al erario y daño patrimonial al municipio de Chilchotla.

Las pruebas documentales están contenidas en “56 fojas útiles”, donde aparecen diversos oficios, fotografías y demás documentos probatorios de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

Lo que no vieron o no quisieron ver en el estado lo detectó la ASF: el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 54.273 millones de pesos, más los rendimientos generados, por la falta de documentos comprobatorios de los recursos del FISM. Solo un caso que ilustra los reiterados casos de corrupción en los ayuntamientos.

pablo.ruiz@milenio.com