Retracciones

Sí procede la consulta

Se ha empezado a decir que no hay consulta popular en temas constitucionales. Antes, un senador priista había afirmado que no procedía en la reforma energética, porque ésta era de carácter fiscal, pero la hilaridad que provocó le produjo inhibición. En lo sucesivo vamos a tener más voces para desvirtuar la petición de consulta.

La Constitución establece que la consulta popular debe ser sobre temas de trascendencia nacional. Dentro de éstos se entiende que pueden estar actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Ahora bien, debe dilucidarse si una adición o reforma constitucional es un acto legislativo federal o un milagro del Espíritu Santo. El artículo 135 de la Constitución admite que se pueden llevar a cabo y agrega que para que lleguen a ser parte del texto constitucional se requieren dos condiciones: el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. No existe, por tanto, “poder revisor de la Constitución” ni “constituyente permanente”. Existe Congreso de la Unión y 31 congresos locales, y un procedimiento de adiciones o reformas constitucionales.

Además, es necesario recordar, a los que dicen que la consulta es un “engaño”, que el texto constitucional señala lo que no puede ser objeto de la consulta: la restricción de los derechos humanos y el sistema republicano y federal, así como la materia electoral, las cuestiones de ingresos y gastos, la seguridad nacional y los asuntos de las fuerzas armadas, casi todos ellos incluidos en la Constitución. Si la Carta Magna prohíbe realizar una consulta popular sobre el artículo 40 y otros preceptos de ella misma, quiere decir que los demás carecen
de prohibición, pues si no fuera así, el mismo texto lo establecería. No sería constitucional que alguna autoridad impusiera restricciones adicionales a un derecho otorgado por la Constitución. En realidad, el texto vigente en esta materia es prácticamente un reglamento, pues había tanta desconfianza que se hicieron muchos ajustes al grado que la lista de limitaciones no es enunciativa, sino exhaustiva.

Sostener que la consulta popular sólo es para actos que no se han realizado aún, es decir, para presentar propuestas, no tiene el menor asidero. El pueblo puede también anular decretos que ya hubieran entrado en vigor. Esta capacidad popular la otorga la misma Constitución cuando señala: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”. Vinculatorio quiere decir de obligado cumplimiento.

En México nunca se ha realizado una consulta nacional, popular y vinculante, lo cual debe dar escozor a unos cuantos, pero ahora se haría sobre un tema tan trascendente como es la mayor desnacionalización de la historia contemporánea, lo cual debe dar miedo a los entreguistas, es decir, los mayores poderes políticos y económicos del país, así como a las potencias mundiales.

En otro orden de cosas, habría que añadir que la mejor forma de encarar la división nacional sobre el tema petrolero es admitiendo que el pueblo decida. ¿No que muy demócratas? A la hora de la verdad se les nota lo autoritario, además de lo huizachero.

PD: A propósito de la ignorancia y los malos propósitos: las adiciones o reformas constitucionales no se promulgan por el Ejecutivo si no se declaran por el Congreso y se envían directamente a su publicación. Véase al respecto el artículo 135 de la Carta Magna.         

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