Retracciones

No todos tenemos los mismos derechos

Uno de los puntos donde se ve más claro que no todos tenemos los mismos derechos es el de la libertad de expresión. Quien cuenta con un medio audiovisual, radiofónico o impreso llega a más gente a pesar de las modernas redes sociales que tienden a emparejarnos. No se trata sólo de espectáculos, comedias y filmes, sino de la manifestación de ideas en general: el que tiene mejores medios llega a más cerebros.

En la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se incluyó la creación de tres nuevas redes nacionales de televisión: una pública y dos comerciales. Se trata de una apertura frente al duopolio (dos grandes empresas) que hace gran negocio bajo concesiones de un bien de dominio público. Sin embargo, de esas tres nuevas cadenas sólo una de ellas podría significar un cambio en materia de libertad de expresión: la televisión pública si acaso ésta fuera, como se ha prescrito, un organismo de Estado.

México es uno de los países donde la televisión pública es más escasa (Estados Unidos es el extremo, aunque con mayor concurrencia privada) y, por tanto, reinan las dos grandes empresas privadas concesionarias. Los pobres canales públicos, como el Once, el 22 y otros de los estados, abarcan muy poco y en su mayoría son medios de gobierno, aunque a veces algo menos cerrados. Lo que se requiere con urgencia es un nuevo canal nacional público donde se expresen las corrientes políticas y culturales del país.

Como parte del paquete de ordenamientos secundarios es indispensable expedir una ley orgánica del sistema público de radio y televisión de la Federación y otra ley general para las emisoras de los estados con excepción de las asignadas a las universidades autónomas.

En materia de periodismo las cosas son más complicadas porque, para que tenga amplia cobertura, un noticiero de tv requiere un gasto alto que hoy es sufragado con el patrocinio privado y gubernamental en emisoras comerciales. En los canales públicos el financiamiento es del Estado, por lo cual se precisarían fuertes presupuestos y, claro, la prohibición efectiva de que los órganos estatales paguen directamente propaganda en cualquier medio y, por tanto, se limiten a los tiempos oficiales y a los anuncios institucionales en la prensa.

La reforma de telecomunicaciones vino después de la que prohíbe la publicidad personalizada de los servidores públicos, la cual es una de las más violadas. Pero las trasgresiones a la Constitución no sólo las realizan los anunciantes —políticos con poder y dinero del presupuesto—, sino también los periódicos y las estaciones de radio y televisión, ya que los medios se niegan a admitir que publican gacetillas, es decir, anuncios en forma de noticias. Junto con las leyes secundarias de telecomunicaciones, deberían expedirse las normas sobre propagada oficial, ya que ésta es una de las formas a través de las cuales la libertad de expresión es más desigual.

En conclusión, una amplia reforma de las normas de radio y televisión y la expedición de la ley reglamentaria de la prohibición constitucional del uso de recursos públicos para hacer propaganda de los gobernantes son tareas democráticas y de justicia en general. Tendrán desarrollo las redes sociales y los medios de paga, pero en México sí se requiere un gran ajuste para abrir espacios de amplio acceso. Estos cambios debieron hacerse hace más de 30 años. Hemos perdido mucho tiempo, pero eso no debe llevarnos a dejar las cosas como hasta ahora.  

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