Retracciones

Los inmolados de Tlatlaya

Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas.

Desde que se dio a conocer la noticia de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año en la localidad de San Pedro Limón, perteneciente a Tlatlaya, en el Estado de México, nadie ha podido creer la versión de que en el enfrentamiento armado uno de los bandos resultó por completo exterminado mientras en el otro hubo un solo herido. Según los dichos oficiales, ninguno se rindió, los 22 presuntos agresores decidieron inmolarse.

Esa inmolación es en verdad perturbadora. Pero más perturbador es que los mandos del Ejército la hayan dado por cierta y que lo mismo haya hecho de inmediato el gobierno del Estado de México. No existen informaciones oficiales relevantes como si al asunto no se le hubiera dado trámite alguno a pesar de la muerte violenta de 22 personas. Lo que ha vuelto a poner en los medios el sangriento acontecimiento es la sobrecogedora declaración de prensa de alguien que se dice sobreviviente y madre de una muchacha que resultó muerta. Por su lado, la PGR ha dicho que lleva dos meses y medio investigando algo aunque no dice exactamente qué cosa, mientras que la Secretaría de Gobernación, a cargo de la seguridad, aduce desconocimiento.

En Tlatlaya hubo una matanza, la cual se comprueba con los cadáveres. Lo que tendría que ser acreditado es la legalidad de la acción militar. La autoridad siempre está obligada a dar cuenta de sus actos, a diferencia de los particulares, que sólo son intimados bajo especiales circunstancias. En México, sin embargo, la autoridad se ha acostumbrado a no dar cuenta, a eludir su deber. Recordemos la matanza de Aguas Blancas en Guerrero que sólo había generado desoídas protestas hasta que Ricardo Rocha publicó en la televisión un video en el cual se podía advertir que los hechos habían sido por completo diferentes a los consignados en el parte oficial: los agentes de policía dispararon contra los campesinos sin ninguna provocación.

Ahora tenemos otro parte oficial. Un grupo de soldados iba de patrulla cuando fue agredido con armas de fuego, luego de lo cual se produjo un intercambio de disparos. El resultado fue que los 22 agresores resultaron muertos y se rescataron tres mujeres que estaban en situación de secuestradas. Punto. A partir de aquí sólo habría que esperar la aceptación de la escueta versión oficial, con lo que el asunto se convertiría en algo definitivamente cerrado. Ningún medio de comunicación nacional acudió a investigar al lugar de los hechos; sólo lo hizo una agencia internacional de noticias. Nadie en el gabinete de Peña se preocupó. Dice el gobierno de Eruviel Ávila que sólo tiene reporte de un enfrentamiento en Tlatlaya, es decir, que no tuvo que investigar nada sino recibir un comunicado y guardarlo. ¡Así se gobierna en México! Sin embargo, nadie creyó el parte oficial. En realidad, tampoco lo creyeron los generales ni los gobernantes aunque lo dieron por bueno.

No es un asunto en exclusiva de la PGR, como afirma el presidente de la República. Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está comprometido en los hechos violentos de Tlatlaya y se encuentra obligado a dar una amplia explicación veraz, tanto porque la autoridad debe dar cuenta de sus actos, lo que ya apuntábamos, como por la gravedad del suceso. Debido a que la versión oficial no es verosímil, las explicaciones tienen que ser exactas y exhaustivas, de tal manera que no exista el menor elemento de duda. Pero Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas. Que el gobierno careciera de una versión comprobada y comprobable sería de suyo una omisión y, por tanto, una falta. Si, por el contrario, el gobierno ya cuenta con dicha versión, es del todo injustificado que no la haya comunicado a la opinión pública.

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