Retracciones

Proyecto desastroso

Con las 32 policías locales únicas y la libre destitución central de ayuntamientos, el proyecto de Peña conduciría hacia la continuación del desastre.

No hay nada nuevo en el proyecto de seguridad pública presentado por Peña Nieto. Esa manera simplista de decir que es mejor tener 32 cuerpos policiales que mil 500 es en verdad temible, pues en Estados Unidos es todo lo contrario, por ejemplo. En realidad, no existe ninguna receta para todo tiempo y lugar. Hoy, en México, sería algo de lo más peligroso despojar a los municipios de su propia guardia de tal manera que hasta para cuidar los parques tuvieran que depender del gobernador del Estado. Lo mejor sería tener guardia municipal y policía estatal, pero eso no es lo que se le ha ocurrido a Peña, quien sigue al respecto los pasos de Calderón con esa inicua guerra contra el narcotráfico convertida en ideología oficial, promotora del Estado de policía en contra del Estado de libertades.

Ya existen 32 policías judiciales locales únicas, pero ese esquema no funciona porque ninguna de ellas es efectiva, profesional, capacitada, honrada. Es aquí donde está el problema de fondo: nunca se ha tenido un Ministerio Público independiente, capaz y bien dotado de instrumentos. ¿Por qué? Durante décadas, la justicia se organizó alrededor del poder y todavía sucede así. Los gobernantes daban órdenes a los procuradores, quienes se encargaban de todo, incluyendo el encarcelamiento de los opositores. El método era una combinación de amenaza, delación y tortura. La delincuencia vivía en un espacio de tolerancia y represión simultáneas y administradas, mientras que la corrupción pública era más o menos organizada por los altos mandos del Estado y siempre incluyó el soborno. México no ha dejado de ser así, lo que ocurre es que ahora ese sistema no funciona, pero el gobierno de Peña tampoco quiere uno nuevo.

No es verdad, como dice Murillo Karam, que la PGR no pudo intervenir de inmediato en el asunto de Iguala porque no le era posible hacerlo legalmente. La PGR interviene cuando así lo decide y en la forma en que lo ordena el procurador bajo cualesquiera de las figuras legales que tiene a su alcance. En Iguala, Murillo actuó cuando así lo consideró políticamente oportuno; mientras, decía, como lo había afirmado Peña, que el asunto era de carácter local, pero con el mensaje de que ya estaban grandecitos los gobernantes de Guerrero para atender sus propios problemas.

La infiltración de los gobiernos municipales por parte de las bandas delincuenciales tiene ya varios años y no se combate bien porque no hay quien investigue exitosamente. O se actúa con arbitrariedad e ilegalidad, como en el michoacanazo, o no se hace nada como en Iguala y otros muchos lugares. La propuesta de dar al gobierno federal la capacidad de disolver ayuntamientos se supone que tendría que partir de elementos probatorios. Pero si no los hay para inculpar munícipes tampoco los habrá para disolver los cabildos, a menos que se haga mediante actos arbitrarios con motivaciones políticas, lo cual es lo que en realidad se busca.

En síntesis, la guerra contra el narcotráfico llevó al gobierno federal a ejercer el monopolio constitucional de la persecución de la delincuencia organizada y, ahora, con la horrible experiencia de Iguala-Cocula, Peña quiere completar el ideal de Calderón de someter a los ayuntamientos al despotismo del centro, pero no por medios políticos, sino a través de fórmulas legales. ¿Quién va a controlar la infiltración de la delincuencia en los gobiernos estatales y en el gobierno de Peña? Nadie, porque siempre han estado infiltrados, ya sea por el narco como por la otra delincuencia, la de cuello blanco, frecuentemente combinadas.

Con las 32 policías locales únicas y la libre destitución central de ayuntamientos, el proyecto de Peña conduciría hacia la continuación del desastre.

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