Retracciones

Privatización-monopolización

Las privatizaciones mexicanas han generado procesos de monopolización con evidentes consecuencias negativas. Privatizar fue presentado como un medio de modernizar mediante nuevas inversiones y una actividad gerencial sin corrupción y con eficiencia. Desde el principio ya se sabía que todo eso no era más que una falacia y que esa modernización buscaba proseguir el camino del Estado como promotor de la concentración y centralización del capital y la producción. Veamos ejemplos.

Se dice que Telmex es una empresa privada dominante y lo es, pero por decisión originaria del Estado. Esa privatización se realizó de gratis, es decir, el paquete de control fue definido en 20 por ciento del total del capital social. 10.5 debió ser adquirido por mexicanos, de los cuales 5.5 por ciento fue a parar a un solo inversionista —Carlos Slim—, con el que éste pudo controlar totalmente la empresa. Además, esas acciones fueron compradas con la reserva técnica de una compañía afianzadora o aseguradora —La Guadiana— (práctica prohibida) y con crédito otorgado por el mismo gobierno a moderada tasa Cetes. En pocas palabras, el gobierno de Salinas organizó la privatización para hacer un traslado de riqueza y de control económico. Desconocemos la mordida… hasta ahora, a diferencia de la comprometida en el caso de Imevisión, hoy Tv Azteca.

La banca mexicana no es mexicana sino extranjera. Después de la privatización, el Fobaproa cubrió la mayor parte de los quebrantos de los bancos sobrevivientes (Bancomer y Banamex principalmente) y asumió todos los pasivos de los bancos muertos —asesinados por decisión última del mismo gobierno—, de manera que la operación en su conjunto le salió al país en un millón de millones de pesos. Los dueños de los bancos así subsidiados por el Estado vendieron a extranjeros y no pagaron impuesto sobre la renta por fabulosas ganancias. Una parte de los activos vendidos y, por tanto, de ganancias realizadas eran pagarés Fobaproa, es decir, obligaciones de a gratis a cargo del Estado.

Los ferrocarriles fueron abandonados y después vendidos como chatarra a unas cuantas empresas. Durante muchos años, los nuevos dueños han construido unos 40 kilómetros de vía, es decir, no estamos igual, sino relativamente peor. El gobierno de Peña quiere invitar a otras empresas al negocio ferroviario y obligar a los actuales concesionarios a dar servicio a unos permisionarios de nuevos proyectos, pero todo el derecho de vía es del Estado, de tal forma que tanto los beneficiados con la privatización como los que se beneficien con nuevas concesiones estarán usando el mismo espacio que no es suyo, que nunca tuvieron que comprar, que les ha sido asignado a unos cuantos para modernizar absolutamente nada.

Las empresas ferroviarias que se apoderaron de bienes públicos mediante la privatización no tienen razón en protestar por una nueva legislación, que les obligaría a arrendar las vías a nuevos concesionarios —acabar con sus barreras de entrada—, pero el gobierno actual sigue dentro de la misma idea de privatizar mediante la entrega de propiedades de la nación.

Es verdad que el Estado benefició siempre a grupos de capitalistas e, incluso, creó una nueva gran burguesía, pero el camino de las privatizaciones ha resultado peor. Ahora, el gobierno de Peña quiere ir hasta el petróleo y el gas para conformar una estructura oligopólica privada en el Golfo de México y en otros yacimientos nuevos, lo cual sería el colmo, en especial después de la experiencia lesiva y amarga de las anteriores privatizaciones.

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