Retracciones

Oceanografía y el Estado corrupto

La corrupción en México es un fenómeno de Estado. Oceanografía es parte de un síndrome en el sentido de conjunto de síntomas de una enfermedad, pero ésta no se revela hasta que se toma alguna decisión desde el poder. Así ha sido ahora, así fue a la cárcel Gordillo como hace mucho tiempo ocurrió con Hernández Galicia y algunos más. Pero nunca las cosas han llegado a verdaderos altos niveles, donde se aprueban las grandes operaciones de la corrupción.

Carlos Salinas fue un gran centralizador de la corrupción, la cual había llegado a un nivel de diseminación preocupante para los gobernantes. Como consecuencia, la corrupción aumentó en cuanto a los montos y se forjaron nuevos grandes consorcios.

Cuando arribó el PAN a la Presidencia de la República no se formuló plan alguno para combatir la corrupción sino que sólo se promovió la ley de información gubernamental, insuficiente para las enormes tareas de la lucha contra el Estado corrupto. Además, los nuevos gobernantes entraron a las redes de la corrupción estatal. El contratismo no es producto de las insuficiencias técnicas del sector público, sino una forma de usar al gobierno para generar consorcios empresariales enredados en los mecanismos de la corrupción.

Oceanografía ha sido señalada durante diez años como un proveedor privilegiado de Pemex (90 por ciento de sus ingresos) que forma parte del complejo contratista-corrupto del Estado mexicano. Es verdad que dicha empresa existía desde 1968, pero carecía de significación hasta que llegó Fox a la Presidencia y, sobre todo, a partir de que el grupo de Calderón tomó el poder. Lo que hace Oceanografía lo podría hacer Pemex directamente. Todo sería más barato aun con las buenas prestaciones de los trabajadores petroleros. Pero eso no lleva al mismo negocio y, además, se tendría que acabar con las fechorías de los charros sindicales.

El camino del contratismo ha sido un desastre no sólo por la corrupción generada, sino también por la ineficiencia industrial, la cual ha impedido que Pemex adquiera y desarrolle tecnología con el propósito de mejorar su capacidad y su productividad. Por ejemplo, el gas que se quema en la atmósfera podría ser usado en la industria eléctrica, pero no se quieren hacer unas inversiones elementales en una gran empresa petrolera.

Los métodos de asignación de contratos de Pemex constituyen un sistema de corrupción en la que intervienen los gobernantes como partes integrantes de los negocios o mediante su disimulo. Nunca se ha investigado nada en serio en Pemex. Hace poco, Calderón ordenó un endeudamiento de más de mil millones de dólares para comprar acciones de Repsol como parte de una confabulación cuyo propósito era compartir la dirección de la petrolera española con la constructora Sacyr, todo lo cual resultó un fiasco por la insolvencia de esta última. La deuda no había sido autorizada por el Congreso ni se registró como tal en grosera violación de la ley. Sacyr construye ahora la ampliación del Canal de Panamá y exige a medio camino una mitad adicional al costo pactado en el contrato: así son los aliados de Pemex y así son los que vendrán con la reforma de energía.

En el Congreso se deberían evitar comisiones especiales sobre una empresa privada, porque lo que se debe dejar en claro para los legisladores no es el fraude a un banco (para eso está la PGR), sino los contratos asignados por Pemex durante lustros, las condiciones pactadas, el tráfico de influencias, las mordidas, etcétera. Por ello, se necesita una comisión investigadora constitucional (art. 93) para cuya formación sólo se requiere la firma de la cuarta parte de los diputados. De otra forma todo quedará otra vez en buenos propósitos y muchos engaños.

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