Retracciones

Anticorrupción, olé

Peña Nieto ha revivido la Secretaría de la Función Pública para ordenarle que investigue a él mismo, a su esposa y a su secretario de Hacienda (esa secretaría no podría hacer nada porque carece de facultades para investigar asuntos del Estado de México, donde se hicieron los contactos). “Reunir a un panel de expertos (nombrados por el nuevo secretario), con reconocido prestigio en materia de transparencia (?), para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación” (los expertos amigos no investigarán nada, sólo darán valor).

Otra afirmación propia de la época de Zedillo: “El presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios” (sabemos que sólo ordena hacer todo eso y más). Peña sigue: “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles (?) conflictos de interés” (sí los tenemos, pero de lo que se trata es de investigar pagos de mordidas a cambio de contratos).

Hay más: “el secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público” (como se demostró de sobra en el IFE en 2006). “Será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés (si hay “posible conflicto” quiere decir que el funcionario no debería serlo). Esto “permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos” (se tendría con esto que despedir a la mayoría del gobierno). La declaración que deberán hacer los servidores públicos “contendrá las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos” (eso ya tiene muchos años de exigirse y nunca ha ocurrido nada al grado que Peña afirmó que no estaba obligado a manifestar los bienes de su esposa aunque lo exige la ley). El diseño de esta “nueva” declaración “cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (encabezados por Gurría, quien ha cobrado pensión vitalicia en Nacional Financiera, a pesar de que está prohibido en el artículo 127, fracción IV, de la Constitución).

Siguen los chistes: se va a crear la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (el primer problema será definir qué es la ética, en lo que no habrá ningún acuerdo). Se emitirán “reglas de integridad” que sean “acordes con los nuevos (?) retos” del “combate a la corrupción” (no se sabe si “integridad” es honradez, pero suponemos que los “nuevos retos” son los mismos viejos, los del Estado corrupto).

“Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios” (todo, menos un aparato de investigadores independientes). Se “deberá integrar un registro de dichos funcionarios” (¿el gobierno no sabe quiénes son sus empleados?) y “someterlos a una certificación” (¿con polígrafo?, ¿otra vez lo mismo?). Y, por fin, se “reducirán los espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares” (menos mal que la corrupción funciona con tratos secretos).

Todo lo anterior formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por un consejo integrado por los gobernadores y encabezado por el presidente de la República. (Sonoras carcajadas del respetable).

 

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