Reporte de inteligencia

Conflictos de interés en Guanajuato

El año pasado, el director del Puerto Interior, Rafael Torres Ramos, renunció al cargo y se fue a trabajar a una empresa que se dedica a construir parques industriales.

Es decir que aprovechó la información que conoció en su cargo para ahora buscar ganancias para una empresa privada.

No es el único caso.

El ex secretario particular del Gobernador, Oscar Negrete, hace ahora lo mismo. Trabaja para una empresa que construye parques industriales en Guanajuato, después de haber conocido todas las negociaciones con las empresas extranjeras. Y lo mismo hace el ex secretario de Finanzas, Gustavo Gustavo Adolfo González, quien dedica a promover inversiones para una empresa privada.

Eso significa que tres funcionarios de alto nivel ahora se dedican a promover inversiones, a favor de compañías particulares. ¿Se vale?

No implica eso un conflicto de intereses.

Son sólo algunos ejemplos de lo que ocurre con los altos funcionarios que tienen acceso a las decisiones, a la información y a la definición de los contratos de obra y compras.

No estamos hablando de casos de corrupción, estamos señalando que eso podría significar un conflicto de intereses.

Los gobiernos están llenos de conflictos de ese tipo. Los gobernantes tienen empresas particulares e intereses económicos, y suelen aprovechar sus posiciones para ganar dinero.

Guanajuato tiene que mejorar su regulación sobre los conflictos de intereses, como lo ha hecho ahora el Gobierno Federal.

El presidente Enrique Peña Nieto creó la Unidad Especializada en Conflictos de Interés. Es una novedad. Un avance en la fiscalización del Gobierno. Todos los funcionarios de alto nivel están obligados a hacer una declaración anual de conflictos de interés. Deben informar, por ejemplo, sobre su participación en empresas privadas para garantizar que no sean beneficiados en las compras y contratos.

Se trata de crear medidas preventivas.

El tema fue forzado por los casos de Peña Nieto y Luis Videgaray, en la compra de sus casas. Ha quedado al descubierto que una constructora que tenía contratos con el Gobierno les vendió las casas.

El conflicto de interés es un debate de moda. Hay países en donde ya se ha legislado para prevenir que esto ocurra. México está en pañales. De tal forma que el Gobierno de Guanajuato y los municipios tienen que discutir el tema y modificar leyes y reglamentos para avanzar en este sentido. Para que no vuelva a ocurrir que el director del Puerto Interior se vaya a ganar dinero con todo lo que aprendió en un cargo gubernamental.

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pablo.carrillo@milenio.com