Articulista invitado

Retorno de inversiones: volver los ojos a México

Los cambios por los que pasa el orden mundial obligan a reconfigurar nuestra economía. Para ello, es necesario financiar nuevos proyectos, construir nuevas plantas, inyectar recursos frescos al sistema financiero, invertir mayores recursos en investigación y desarrollo de tecnología, pero también es momento de apoyar a mexicanos que ante un nuevo escenario internacional decidan regresar al país con su capital en mano.

Por ello, el pasado 18 de enero el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto mediante el cual se otorgan facilidades en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los capitales mexicanos que regresen del extranjero durante el primer semestre de este año y se inviertan aquí al menos dos años.

La medida se inscribe en un conjunto más amplio de acciones de política económica y fiscal que el Ejecutivo federal lleva adelante para fomentar la inversión productiva en áreas estratégicas, como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrito recientemente por los sectores público y privado del país, que buscan blindar la economía, generar empleos y fomentar el ahorro interno.

El estímulo fiscal permitirá que las personas físicas y morales que retornen recursos al país derivados de inversiones mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, encuentren un mecanismo sencillo y económico para regularizar su situación fiscal al tiempo que contribuyen al desarrollo de México.

El beneficio consiste en aplicar la tasa de 8 por ciento sobre el monto total de los recursos que sean retornados, sin deducción alguna  para efectos del ISR, respecto de los cuales no se hubiese pagado ya el impuesto en nuestro país. En el caso de que, por la inversión que se retorna, se hubiera pagado ISR en el extranjero, éste podrá acreditarse.

En ejercicios previos de esta naturaleza, una inquietud expresada por los contribuyentes fue que los datos de aquellos que decidían retornar estos recursos se hicieran públicos.

Además, los datos de los contribuyentes que decidan acogerse a las facilidades del decreto se mantendrán en reserva, en términos estrictamente legales, toda vez que la presente opción no implica la condonación de contribuciones.

Para ser muy cuidadosos en evitar que capitales generados a partir de conductas ilícitas ingresen al país, el decreto es solo aplicable a aquellos recursos de los cuales sea verificable su origen lícito.

Para garantizar que así sea, la autoridad cuenta con facultades y convenios de intercambio de información a escala internacional que permitirán gradualmente decantar a aquellos que de manera abusiva pretendan hacer uso de este beneficio.

Para procurar el máximo aprovechamiento en beneficio del país, el decreto obliga a los beneficiarios a que los recursos retornados se destinen a la adquisición de bienes de activo fijo, terrenos y/o construcciones para el desarrollo de sus actividades productivas o a la investigación y desarrollo de tecnología, así como para el pago de pasivos, contribuciones o aprovechamientos, el pago de sueldos y salarios, e inversiones en México a través de instituciones de crédito o en casas de bolsa.

Con lo anterior se complementan esquemas con los cuales se responde a las necesidades de inversión al interior del país derivadas de las reformas estructurales y el sector productivo nacional tiene una vía expedita para contar con recursos adicionales para la inversión, la generación de empleos y el fortalecimiento de la actividad industrial, lo que, además de coadyuvar al crecimiento económico, generará ingresos tributarios para el gasto público que permitirán fortalecer las finanzas públicas.

En resumen, el esquema que se anunció el pasado 18 de enero constituye una oportunidad que permitirá impulsar el crecimiento económico y que reconoce el esfuerzo de los mexicanos en el exterior. Se trata de una acción concreta en beneficio de México.