Casos y causas

DACA y la universalidad de los derechos

El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) fue implementado hace cinco años por el gobierno del ex presidente Barack Obama para proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers, sobre la base de que entraron a Estados Unidos de forma ilegal cuando todavía eran niños; los dreamers recibían permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y un número de seguridad social. 76% de ellos son de nacionalidad mexicana.

El 5 de septiembre de 2017, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, enviando la administración del presidente Trump una clara señal al Congreso estadunidense para que sea éste quien resuelva la situación migratoria de estos miles de jóvenes.

En días pasados leímos en varios diarios, entre ellos MILENIO (citando al NYT), que durante una cena con líderes demócratas en el Congreso de EU, el jefe de gabinete del presidente Trump, John Kelly, aseguró que México está al borde del colapso (ligándonos con la Venezuela de Nicolás Maduro) y que era necesario reforzar la seguridad en la frontera —Trump propuso vincular la reforma para los dreamers a una mayor seguridad de la frontera con México—, versión no desmentida por la Casa Blanca.

Más allá de todo, lo que está en el centro de la problemática es el principio de universalidad de los derechos humanos.

De acuerdo con la experiencia de siglos, la contribución de los migrantes a las sociedades receptoras ha sido altamente positiva, pero hoy no es reconocida; existe una tendencia a centrarse solo en los aspectos negativos de la migración. Los derechos de los migrantes son pocos, malos, mal atendidos, y me refiero a su efectividad, no a su enunciación.

El problema estriba en que las migraciones se han politizado. En estos tiempos globalizados se quiere la movilización de los capitales, pero no de las personas que aportan la mano de obra, y mucho menos, de sus derechos.

EU no es el único país en donde se violan los derechos humanos de los migrantes. En nuestro país se ha argumentado, una y otra vez, el concepto de soberanía nacional para, desde el Estado, violarlos.

Y es que el asunto no radica en la enunciación de los derechos, sino en su efectividad. Pareciera que hoy existe una contra tendencia: solo los ciudadanos tienen todos los derechos.

Lo anterior, en mi opinión, no hace sino horadar los huecos de desigualdad que se encuentran cavados en el asunto de los derechos de los migrantes, pues al particularizar la protección de algunos derechos que deberían tener, dada su condición de seres humanos, no hace sino desigualar y promover la discriminación.

Las sociedades democráticas no pueden seguir fundando la atribución de derechos sobre la base de la ciudadanía —si quieren el calificativo de “modernas”—, pues precisamente la modernidad parte de romper el esquema antes descrito: los derechos no implican pertenencia, ¡son derechos del ser humano!

El otorgamiento clásico de la condición de ciudadano, basado en lazos de sangre, cultura común, pasado compartido, etcétera, debe ir desapareciendo, debemos aceptar que la convivencia futura de un número importante de grupos sociales estará marcada por el pluralismo étnico y cultural.

La apuesta al constitucionalismo global es una meta, a mi modo de ver, de largo plazo, de la que me declaro partidaria. Por ello, formulo una propuesta que parte de establecer el concepto de ciudadanía migratoria, dado que doy por descontado que, para la eliminación del concepto de ciudadanía tradicional, al menos en lo que a la relación México-EU se refiere, deben librarse muchas batallas, como base para un acuerdo bilateral que permita proteger con mayor efectividad los derechos de nuestros migrantes.

Soy consciente de todo lo que significa esta propuesta en el sentido de la consideración política de la relación bilateral y los problemas que implica la posición que guarda México respecto a EU; pero no he encontrado un mejor modelo que proponer, dadas esas circunstancias.

Al establecer dicho estatus, puede cumplirse, no solo la consigna de SOS Racisme, sino también el ideal humanitario propuesto en los tratados internacionales: ninguna persona es ilegal.

La lucha por el respeto a la dignidad y derechos de los migrantes tendrá que hacerse sobre bases que incluyan, primero, la dimensión nacional (como lo que viven los migrantes que pasan por México), para luego integrar la binacional e internacional.

¿O será que nuestro concepto de soberanía nacional está en crisis? ¿No será que, en el concepto de la universalidad de los derechos no estamos considerando a los migrantes y solo a nuestros ciudadanos?

Porque los derechos son para todos, de lo contrario estaríamos escribiendo las más lúgubres páginas de la historia moderna.