Fuera de Registro

Hablando de precisión

Escribo esto mientras se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución para modificar las condicionantes que darían a un ciudadano derecho de réplica ante lo difundido por un medio de comunicación. Ignoro todavía si la propuesta será aprobada, materia de un análisis específico o de plano desestimada. Lo que sí anticipo es que, en cualquiera de los supuestos, el tema seguirá siendo materia de debate en las próximas semanas, lo que considero saludable, ya sólo porque lo que nos lleva a discutir es la ética periodística, asunto que es materia de derecho pero no se circunscribe a él.

El citado proyecto, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, pretende otorgar derecho de réplica no sólo a quienes fueran objeto de información falsa o inexacta, como lo prevé hoy la Ley, sino a quienes se llamaran a agravio por cualquier información difundida en un medio, independientemente de si ésta resulta verdadera o precisa. La idea se antoja, a priori, extravagante, cuando menos si la referimos al ámbito de los escándalos políticos: todo parece indicar, por ejemplo, que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, cometió una gran cantidad de actos de corrupción durante su gestión; no hay duda de que dicha información, asaz verdadera y reportada con razonable precisión por los medios, lo agravia, daña su imagen pública. ¿Debería tener derecho a réplica? Y, de ser así, ¿qué replicaría? Se me ocurren dos escenarios: podría negar en redondo ser corrupto, caso en el que su defensa estribaría en demostrar que la información es falsa, o podría hacer precisiones —discrepar en los montos, o en los métodos, o argumentar la licitud de algunas de las acciones que se le imputan como presuntos delitos—, supuesto en el que su estrategia residiría en postular la información difundida como inexacta. Y si sólo se me ocurren esos dos es porque el tercero —que asumiera lo publicado por los medios en su contra como verdadero y preciso pero aun así se llamara a agravio— resultaría absurdo y hasta política y jurídicamente suicida.

La validez de la ampliación de las causales que daría lugar a derecho de réplica por parte del afectado podría quedar más clara si nos sustrajéramos del ámbito político para entrar, por ejemplo, en el de los chismes de la farándula. Ignoro si sea verdad o leyenda el caso de una cantante pop que, hace años, se hubiera tirado un pedo mientras sostenía un micrófono abierto a sus espaldas en un programa televisivo de variedades pero poco importa: asumámoslo fantasiosa hipótesis de trabajo. Si el accidente hubiera en efecto ocurrido y hubiera sido reportado por la prensa, la cantante estaría ante una información verdadera y precisa que, sin embargo, la habría agraviado. De acuerdo a la legislación vigente, la estrella no tendría derecho de réplica a las notas al respecto, mientras que, de aprobarse el proyecto de resolución presentado por Pérez Dayán, sí podría ejercerlo. Vale hacerse una pregunta: ¿lo haría? Mi intuición —de hecho, mi recomendación— sería que no, que más le valdría lidiar estoicamente con las notas difamatorias, en el entendido de que lo mejor para ella sería que el tema dejara de figurar en los medios lo más pronto posible.

Si los dos ejemplos antes citados se antojan ridículos es porque la idea misma del derecho de réplica ante información periodística agraviante aun si verdadera y precisa lo es. Ello, sin embargo, no hace que la propuesta de enmienda al texto resulte desencaminada sino sólo mal fraseada. Sería muy deseable que el derecho de réplica fuera extendido a aquellas notas periodísticas que resulten no agraviantes sino parciales y/o alevosas más allá de su veracidad y exactitud. Pongamos el ejemplo de una nota que consignara que un funcionario público viaja en primera clase, y exhibiera su pase de abordar para demostrarlo; si el boleto hubiera sido costeado con recursos propios y bien habidos, la información no resultaría falsa ni inexacta pero sí parcial, y el funcionario debería tener derecho a réplica para demostrarlo. O pongamos otro más cercano: el de una nota —que no un artículo de opinión—, publicada el pasado 24 de octubre en El Universal y firmada por Diana Lastiri, que da cuenta del proyecto de resolución presentado por Pérez Dayán bajo el encabezado “Preparan en la Corte golpe a libre expresión”. El titular es un ejemplo de mal periodismo —disfraza una opinión de información, prejuzga la intención y omite el sujeto— y debería ser objeto de derecho de réplica institucional por parte de la Corte pero no por agraviante sino por alevoso: por presentar como incontrovertible lo que no es sino un juicio de valor.

Pero ésa, desde luego, no es más que mi opinión.

fmsolana@yahoo.com.mx