Fuera de Registro

En defensa de Conapred III: ni guerra ni paz

Algo habrá que agradecer a Donald Trump y su xenofobia: nuestro actual clima de unidad. Si México ha de salir de esta crisis, será merced a una estrategia bien diseñada pero también a la presentación de un frente unido que nos comunique no sólo como un país capaz de superar sus diferencias sino como uno orgulloso de su identidad cultural. En ese sentido, es encomiable la labor que ha venido haciendo en redes sociales un Conapred que ha buscado con inteligencia derribar el mito trumpiano del México de criminales, narcotraficantes y violadores al presentar historias como la de José Hernández, nuestro primer astronauta en la NASA, o al aportar datos como los de ese 13 por ciento de los trabajadores de la industria aeroespacial o ese 25 por ciento de los trabajadores de la construcción estadunidenses que son de origen latino.

Es porque la existencia misma de Conapred es importante para México, y porque no son pocas las cosas que ha hecho y hace bien, que me parece igualmente relevante señalar las lagunas legales que generan fallas en su operación y que, en casos como el que me enfrentara hace unos meses a un proceso en su seno, minan un prestigio y una confiabilidad que hoy los mexicanos necesitamos urgentemente aparezcan prístinos.

Doce quejas en mi contra fueron presentadas ante ese organismo por una columna sobre la muerte de Juan Gabriel publicada por mí en este diario. Aunque el texto no tenía intención discriminatoria alguna, considero que cuatro de ellas ofrecen una argumentación clara, lógica y desapasionada y parecen sinceramente preocupadas por el hecho de que pudiera ser construido como discurso de odio a partir del empleo de términos considerados a priori racistas y homófobos —si bien no fue en ese sentido que emplee las palabras “nacas” y “jotas”, que reivindico como categorías culturales a partir de su reapropiación en el discurso de grupos vulnerables— y de un juego irónico en el que asumo (y critico) el clasismo inconsciente que acaso acusaría mi disgusto por el trabajo de Juan Gabriel. No es el caso, sin embargo, de las otras ocho, que van de la insolvencia argumentativa (“Los comentarios discriminatorios y homofóbicos que realizó Nicolás Alvarado sobre Juan Gabriel”, reza el texto íntegro de una, que no se toma siquiera la molestia de señalar cuáles serían) a la franca exhibición, ellas sí, de discurso de odio. Me permito citar un par de pasajes:


Por favor destituyan a Nicolás Alvarado de Tv UNAM, una persona no grato [sic] y más porque ofendió a juan gabriel [sic]… como si el [sic] fuera un hombre hermoso!! [sic]… por favor quiten a este señor que solo da peste para la tv. [sic]


… haciendo énfasis en que la condición homosexual debe ser reprimida y ocultada para satisfacción de un público que, como él, no desean [sic] ver a las personas que son diferentes en los escenarios. Además agregó la palabra “naco” sinónimo de “indio” [sic] denostando la calidad del cantante, no tanto por sus habilidades musicales sino por ser parecido o recordarle a los pobladores originarios de nuestro país…

Conapred considera tales aseveraciones —que cito textualmente— como aportaciones al expediente asociado a mi nombre. Me parece inaceptable. Porque dicho Consejo no está facultado para la destitución de funcionario público alguno, a no ser los que trabajen en su seno. Porque la simpatía, la apostura o la calidad del trabajo de un ciudadano no son su materia ni la de instancia jurídica alguna. Porque no hay manera de construir a partir de ese texto una voluntad de invisibilización de la identidad homosexual ni un denuesto a los pueblos originarios. Pero, sobre todo —insisto en ello—, porque, para efectos jurídicos, estas quejas, producidas en el contexto de un linchamiento mediático que arrojó 10 millones de tuits, son anónimas al ser interpuestas vía la página web de Conapred y al no solicitar el Consejo prueba de identidad alguna a quienes las interpusieran.

Que, en tiempos en que la red constituye una plataforma para el hostigamiento —como los casos de Ana Guevara y María Barracuda harían evidente—, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación siga sin exigir la identificación de los quejosos en procesos abiertos a petición de parte hace a Conapred susceptible de ser utilizado como herramienta política en estrategias de descrédito de la imagen pública de ciudadanos, que lesionan sus derechos y los hacen, paradójicamente, víctimas de discriminación.

Si a esto sumamos, como expondré en la siguiente entrega, una solicitud de medidas precautorias sin debido proceso, estaremos ante un Conapred cuyo marco de acción parecería menos el Estado de derecho que el tren del mame. Es un lujo que hoy los mexicanos no podemos permitirnos.