Vuelta prohibida

La crisis del sexenio

Hasta el momento no se le ve fin a la crisis que desató la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Hasta el momento los esfuerzos del gobierno federal no han logrado contener y mucho menos disminuir la ola de indignación y protestas generada por esta tragedia en la que subyacen como elementos fundamentales la impunidad, la corrupción y el crimen organizado, al mismo tiempo que imperdonables descuidos y omisiones por parte de todos los niveles de gobierno.

Las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad para condenar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa han sido mayoritariamente pacíficas y reflejo de la indignación que existe no solo por este acto criminal cometido a manos de policías municipales y narcotraficantes, sino por el estado de cosas que fue caldo de cultivo para que ocurrieran los ataques ordenados por el ex alcalde José Luis Abarca a elementos de la policía municipal en colusión con la banda Guerreros Unidos.

Este estado de cosas no es más que la persistencia de la pobreza, la marginación y la falta de atención eficaz a los desposeídos de México, así como la resistencia del crimen organizado a la estrategia de seguridad del gobierno y la infiltración del narcotráfico en las estructuras de gobierno y los cuerpos de seguridad locales. A lo que se agrega la influencia en los estados de Guerrero y Oaxaca de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, cuyas redes se extienden a un sinnúmero de organizaciones de alcance regional y hasta nacional. Y como la cereza del pastel aparecen en este escenario los autodenominados grupos anarquistas que han sido los protagonistas de actos violentos perfectamente orquestados con el fin de despojar de su carácter pacífico a las manifestaciones de protesta realizadas en las últimas semanas.

En este contexto es urgente que se realicen diversos deslindes.

Del lado del gobierno federal es imperativo que de manera contundente se asuma la responsabilidad del Estado mexicano ante las circunstancias que dieron como resultado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y al mismo tiempo recalcar que estos ataques fueron perpetrados por criminales enquistados en un gobierno municipal y que no forman parte de una acción sistemática por parte del gobierno para perseguir, reprimir y matar a algún grupo social u opositor. De parte de la sociedad el deslinde de los grupúsculos violentos es urgente, no solo en el discurso, sino en los hechos y participar en su identificación y neutralización. Solo así se podrá comenzar apenas a construir la ruta de salida a esta crisis.

nestor.ojeda@milenio.com