Vuelta prohibida

Periodistas muertos, asunto de Estado/II

Ha surgido una corriente de opinión que pretende censurar el llamado de un amplio grupo de periodistas y escritores al presidente Enrique Peña Nieto para exigirle garantizar la seguridad de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos tras el homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa y la luchadora social Nadia Vera, junto con otras tres mujeres en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Parte de los argumentos contra este reclamo tiene que ver con una visión que diferencia con mucha claridad las particularidades propias que separan la labor periodística del activismo social y político y hasta del oficio de los escritores.

Y esa diferenciación es sin duda certera. El activismo y el oficio de escribir tienen un gran margen de acción y subjetividad que no le es permitido al periodista so pena de contaminar el valor más importante de su misión, que es exponer y difundir hechos comprobados y verificados, para que la opinión pública se forme un criterio propio frente a los sucesos cotidianos.

Pero de ahí a que activistas y escritores no tengan la autoridad y el derecho para exigirle al gobierno y sus representantes que se garanticen la vida e integridad de los periodistas en el ejercicio de su labor hay un gran trecho. Nunca estará de más, frente a la situación de riesgo que el ejercicio periodístico junto con la defensa de los derechos humanos representan en México, que la sociedad organizada y la intelectualidad hagan un llamado de atención para que las autoridades respeten y garanticen el ejercicio de la libertad de expresión y la labor en defensa de los derechos fundamentales.

En un país donde existe más de 90 por ciento de impunidad frente a los crímenes de todo tipo que se cometen día a día, la duda y desconfianza frente a las instituciones de procuración e impartición de justicia son perfectamente justificables. Periodismo no es activismo, pero eso no significa que la muerte de periodistas convertidos en activistas no deba ser investigada a profundidad y que diversos sectores sociales no levanten la voz para exigir que así ocurra.

nestor.ojeda@milenio.com