Vuelta prohibida

Gobierno y Poder Judicial, cómplices en el caso Alondra

En un acto inaudito, el gobierno y el Poder Judicial se hicieron corresponsables de la ilegalidad y la negligencia con la que actuó Cinthia Elodia Mercado García, jueza civil de primera instancia de Los Reyes, Michoacán, al permitir que la adolescente Alondra Luna Núñez fuera sacada del país como resultado de la demanda de sustracción interpuesta por Dorotea García Macedo, quien aseguraba que era su hija, lo que tras las pruebas de ADN resultó rotundamente falso.

Funcionarios del gobierno federal y el Poder Judicial aseguraron al reportero Rubén Mosso que “la entrega de Alondra se hizo con base en un trámite de restitución internacional que marca la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles en sustracción internacional de menores, de la que México forma parte desde el 6 de marzo de 1992.” (MILENIO Diario 23/04/2015).

Sin embargo, en el “trámite” la jueza, que hoy ya es investigada por la Procuraduría de Justicia de Michoacán por actos presuntamente
constitutivos de delitos, pasó por alto los incisos a, b y c del artículo 7 de la Convención que establecen que “debe localizarse al menor retenido” (aún no se sabe dónde está Alondra Díaz), “prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas” y “garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable”, todo lo cual simplemente no ocurrió.

Y también ignoró y violó el artículo 13 de dicha convención, el cual señala que “la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que “existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico” y que puede negarse a cumplir la solicitud “si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones”.

Bastaba una revisión somera de la Convención de Sustracción Internacional de Menores y la documentación del origen y nacimiento de Alondra expuesta por sus padres para que la jueza Cinthia Mercado pusiera por delante el interés de la jovencita y ordenara que se estableciera plenamente su identidad antes de enviarla a Houston, Estados Unidos. Es inaceptable que la juez civil y funcionarios del gobierno federal y el Poder Judicial afirmen que actuó dentro de la ley. No solo deberían todos avergonzarse, no es suficiente, merecen ir a la cárcel o al menos ser destituidos.

nestor.ojeda@milenio.com