Vuelta prohibida

Dish, el otro pendiente del INE

En medio del pleito entre los partidos por los criterios para la aplicación de programas sociales durante las campañas electorales y la cascada de sanciones contra el Partido Verde Ecologista de México hay un tema que se está escapando del ojo de la opinión pública: el incumplimiento de la empresa Dish de los lineamientos para la transmisión y bloqueo de spots en los procesos electorales de los estados.

Resulta que la empresa Dish retransmite a los distintos estados de la República las señales que emite desde la Ciudad de México Televisa y Tv Azteca sin bloquear los spots electorales lo que provoca una sobreexposición de los mensajes de los partidos políticos y una distorsión de los volúmenes de propaganda electoral permitidos en cada estado.

Y el problema es que Dish no quiere hacerse cargo del bloqueo de los spots de las televisoras abiertas pautados en la zona metropolitana de la Ciudad de México y pretende que ese procedimiento sea pagado por Televisa y Tv Azteca o, lo que es peor, que los recursos salgan del Instituto Nacional Electoral o, lo que es lo mismo, que ese bloqueo de spots sea pagado con dinero de los mexicanos.

El cabildeo de Dish para cargarle la cuenta a otros de una obligación de ley que debería cubrir con sus recursos ha sido tan intenso que incluso a influido en varios expertos opinadores al grado que han planteado que el INE dispense a esa empresa del cumplimiento de bloquear en los estados la pauta de spots.

El asunto, si bien es económico, tiene un alcance mayor en términos democráticos y legales. No se trata de si Dish paga o no, sino de ver si esta empresa de la familia Vargas tiene realmente ánimos para cumplir con la ley electoral o no.

La responsabilidad de transmitir esa pauta es de Dish. Que su programación cumpla con la ley es responsabilidad de Dish. Que su programación no afecte procesos electorales locales es responsabilidad de Dish.

Y, como lo tuvieron que hacer Televisa, Tv Azteca y hasta Sky, Dish tendrá que hacer una inversión para ello y el INE tendrá que garantizar que esa empresa cumpla la ley y no se le escape como al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

nestor.ojeda@milenio.com