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Tortura

En México la tortura está generalizada, naturalizada, sobre todo, durante el tiempo que transcurre entre las detenciones y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Esta práctica la ejercen los cuerpos policiacos de todos los niveles y fuerzas armadas.

Hace unos días fue dado a conocer un video donde militares torturan a una mujer cuando es detenida. Ha indignado a la sociedad porque está práctica violenta de manera flagrante los derechos humanos.

Pero en México, el respeto y la protección a los derechos humanos no existen. El abuso de autoridad se ejerce de manera cotidiana, sin que los organismos encargados de vigilar el cabal cumplimiento de las leyes, sin pisotear a los ciudadanos, no hacen absolutamente nada, debido a que, quienes los encabezan, responden a intereses políticogubernamentales.

En 2014, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, para casos de tortura, Juan E. Méndez, visitó México y realizó un informe inquietante porque a dos años de las recomendaciones que se hicieron, poco se ha hecho y los casos van en aumento.

De acuerdo al informe, en nuestro país es muy difícil conocer un número real de casos de tortura, pues no existe un registro nacional y cada entidad tiene sus propias cifras. Además muchos no se denuncian por temor a represalias.

"La CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante", señala el funcionario.

Desde el inicio de la mal llamada "guerra contra el narcotráfico", el aumento de casos de tortura es alarmante, sobre todo por el uso del ejército para seguridad civil. Está más que probado que están incapacitados para esta actividad.

El informe advierte que la tortura -como ya se ha comprobado- se utiliza "predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria".

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

A más, las leyes en México, no se cumplen y pasan por alto cuestiones obvias, que permiten salvaguardar la integridad de las personas cuando son detenidas: deficiente defensa legal; fallas en la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención; los exámenes médicos mal practicados, el arraigo, las detenciones sin orden judicial, entre otros.