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Tlatlaya

El probable fusilamiento de 22 presuntos delincuentes en el municipio del sur mexiquense, Tlatlaya, por parte de elementos del Ejército Mexicano, en junio pasado, pone en tela de juicio la cuestionada participación castrense en tareas de seguridad pública.

Desde que el entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2006, tomara la decisión de involucrar en la guerra contra el narcotráfico al Ejército, diversas voces, sobre todo las de protección a los derechos humanos, mostraron su inconformidad, y con probada razón, bajo el argumento de que no estaban capacitados para brindar seguridad a la sociedad civil.

En los últimos años, los soldados han dado muestras de graves abusos de poder y violación de los derechos humanos. No pocas son las denuncias que registran graves hechos en los que militares se ven involucrados, desde violaciones y abusos sexuales, hasta robos, asaltos, secuestros y ahora hasta posibles fusilamientos.

Hace unos días, se comprobó que un elemento del Ejército es presunto responsable del robo a un banco en Toluca, donde fue asesinado un joven cajero de 21 años.

También numerosos son los casos de soldados involucrados con el narcotráfico. El estado de violencia que se vive en el país, se ve agravado por la participación de los militares en hechos delictivos.

El gobierno federal está obligado a responder y dar la cara por tantos abusos de las fuerzas castrenses. Ya no es posible que se sigan ocultando hechos tan graves como el de Tlatlaya sin que nadie se haga responsable de las acciones militares.

El lunes, por primera vez, el presidente Enrique Peña Nieto, que también es jefe supremo de las fuerzas armadas del país, se pronunció sobre este caso, aunque de forma escueta y sin dar más argumentos, sólo dijo ante la prensa internacional que la Procuraduría General de la República (PGR) investigará los hechos.

La Secretaria de la Defensa Nacional se ha pronunciado en el mismo tenor y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirma que investiga posibles violaciones desde julio pasado.