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Criminalización

Hoy, cuando las presiones van en aumento, debido a la grave crisis económica que vive España, los movimientos sociales están siendo más criminalizados que nunca. Extraña democracia se vive en esta parte de Europa, donde aparentemente las libertades son mayores y están garantizadas, ahora existe un marcado retroceso que pone en tela de juicio la modernidad del primer mundo.

La crisis económica ha venido a poner en jaque las estructuras gubernamentales, los recortes de presupuestos en los servicios de salud, educación, así como las reformas laborales que están permitiendo despidos baratos y contratos basura; aunado a una tasa de paro de 26.3 por ciento, una de las más altas de Europa, tiene a la población enardecida.

Durante 13 días, una huelga de limpieza, mantuvo a Madrid, la capital española, sumida en un mar de basura. Trabajadores que prestan el servicio interrumpieron sus labores ante la amenaza de un despido masivo.

Ante estas acciones y otras amenazas de acciones similares por parte de los transportistas públicos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, ha lanzado una ofensiva para promover reformas legales que permitan "regular" las huelgas, que no buscan otra cosa más que la eliminación de este derecho laboral. Actualmente las huelgas están bien reglamentadas.

En este mismo sentido, el Ministerio del Interior promueve una ley de "protección ciudadana", que entre otras cosas, sanciona a quienes se manifiesten sin permiso frente al Congreso, Senado y parlamentos autonómicos, y participen en escraches. "Concentrarse o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros", advierte el anteproyecto de ley.

Y es que en los últimos meses, movimientos sociales, como la plataforma en contra de los desahucios, han llevado a cabo escraches, que no es otra cosa más que plantarse frente a los diputados, funcionarios, banqueros, donde estén, para reclamarles por las situación que agobia a la mayoría de los españoles. Estas acciones poco o nada han gustado a los aludidos, que se sienten "amenazados en su integridad" por estas protestas.

Tampoco ha gustado a los diputados que las manifestaciones de repudio contra la política económica, cercaran el Congreso, incluso acusaron a los convocados de querer dar "golpe de estado", luego de que miles de personas se hicieron presentes en los alrededores de la diputación.

Si bien esta ley, también regula situaciones que ponen en peligro la integridad de las personas, su principal propósito es tener un mayor control sobre las protestas callejeras y que la "marca España", no se vea dañada.