Articulista invitada

El impacto económico de la reforma en telecomunicaciones

Además de incrementar la competencia y las opciones de servicios, generará demanda de mano de obra calificada.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos en México, con tasas de crecimiento superiores a las de la economía en su conjunto. Sin embargo, a pesar de que somos la segunda economía más importante de América Latina, ocupamos el décimo lugar (de 20) en cuanto al porcentaje de la población que usa internet. Esto nos habla tanto de un mercado que no hemos podido desarrollar, como de la oportunidad para hacerlo.

La reforma en materia de telecomunicaciones nos permite aprovechar esta oportunidad, pues ahora existen mecanismos que generan competencia y condiciones de certidumbre para la inversión en el sector. Por citar solo tres ejemplos: 1) se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador autónomo del sector y como autoridad en materia de competencia económica; 2) el IFT identificó a las empresas preponderantes en cada sector  (América Móvil y Televisa) y les impuso regulación específica para generar mejores condiciones de competencia para el resto de las empresas; 3) se abrió la puerta a la inversión extranjera en telecomunicaciones hasta en 100 por ciento y en 49 por ciento en radiodifusión.

En materia de inversión extranjera ya se observan los beneficios directos de la reforma: AT&T está invirtiendo 4 mil 375 millones de dólares por la compra de Iusacell y Nextel (ésta última en proceso de autorización), Eutelsat Communications adquirió Satmex por 831 millones de dólares y Virgin Mobile inició operaciones en México con una inversión de 45 millones de dólares.

Estas nuevas incursiones de inversión en el mercado de las telecomunicaciones en México, además de incrementar la competencia y las opciones de servicios para los usuarios, generarán demanda de mano de obra calificada, creando nuevos y mejores empleos. Especial énfasis debe hacerse en el hecho de que el próximo desarrollo de la red compartida de telecomunicaciones móviles que prevé la reforma, requerirá de una inversión privada de cerca de 10 mil millones de dólares implicando la inversión más grande del sector en la historia de nuestro país.

Otro aspecto relevante en términos macroeconómicos es que el crecimiento del sector de las telecomunicaciones tiene también un impacto positivo en el desarrollo de otros sectores de la economía que consumen tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para producir bienes y servicios.

Es por esto que el Banco Mundial ha calculado que el producto interno bruto (PIB) de un país se incrementa en 1.38 por ciento por cada 10 por ciento de aumento en la penetración de banda ancha. Este efecto también se observa en la productividad laboral. Se ha estimado que un aumento de 10 por ciento en la penetración de banda ancha genera un incremento de 1.5 por ciento en la productividad laboral.

Además del impacto que la reforma ha tenido a nivel macro, existen beneficios concretos que impactan en la vida diaria de las personas. Hoy, por ejemplo, las compañías de telefonía celular están obligadas a desbloquear los equipos para que puedan usarse con cualquier operador; los usuarios de prepago pueden consultar sin costo su saldo, y éste tiene vigencia de un año; asimismo, los usuarios pueden cambiar de compañía telefónica en tan solo 24 horas y conservar el mismo número.

Uno de los mayores impactos de la reforma de telecomunicaciones a la fecha fue contribuir a que en enero de 2015 se registrara la inflación más baja para ese mes desde 1970.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la desaparición de la larga distancia nacional contribuyó a la reducción de 0.09 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en enero de 2015, respecto con diciembre de 2014.

Además, entre enero de 2014 y enero de 2015 el precio de los servicios telefónicos y del servicio de internet registró una caída en su conjunto de 13.1 por ciento.

La reforma ha propiciado, por una parte, una serie de acciones regulatorias y de política pública y, por la otra, nuevos flujos de inversión privada. Ambos aspectos se complementan entre sí para hacer realidad los objetivos de la reforma. Por ello, el proceso para su implementación debe privilegiar, como hasta ahora ha sucedido, las acciones de transformación estructural del sector de las telecomunicaciones, en beneficio de la economía mexicana y, principalmente, de sus consumidores.

* Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.