Columna Invitada

Mujeres y Niños, prioridad legislativa

En nuestra sociedad existe la opinión de que la función de un legislador consiste en sentarse dos veces por semana en una curul o escaño, para discutir algún proyecto de ley pocas veces trascendente. Nada más alejado de la realidad. La verdadera función legislativa se encuentra alejada de los ojos de los ciudadanos en comisiones, comités y mesas de trabajo donde se analizan, investigan, ponderan y discuten los cambios, adiciones, supresiones e innovaciones en nuestro orden jurídico; procesos que por desgracia son pocas veces seguidos por los medios de comunicación y no llegan al grueso de la población. Y el periodo de sesiones ordinarias que ha concluido no fue la excepción.

 Las discusiones en el pleno de cada Cámara sólo son la parte más visible de nuestro trabajo, la culminación de un arduo trabajo iniciado por pequeños grupos de trabajo que finalmente se presentan a todos los legisladores. Tomando en cuenta lo anterior, debemos confesar que la actividad legislativa es vasta. Por lo que respecta al Pleno de la Cámara de Diputados, su trabajo puede resumirse de la siguiente forma: noventa y dos dictámenes fueron aprobados, de ellos cincuenta y ocho fueron turnados a la Cámara de Senadores, ocho devueltos al Senado para efectos del artículo 72, inciso e) constitucional, trece publicados en el Diario Oficial de la Federación y catorce enviados al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, sin contar en estas estadísticas el proceso seguido para expedir la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ambos para el Ejercicio Fiscal 2015.

En este punto hemos de precisar que no sólo las reformas mediáticas son importantes para el desarrollo nacional, sino que existen otras alejadas de los reflectores que tienden al mismo propósito. Más allá de la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad de la Economía, la Ley de Obras Públicas, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley Federal de Juegos y Sorteos, existen otras disposiciones trascendentales.

Entre aquellos dictámenes con más prospectiva nacional se encuentra el de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el que fue implantada la obligación a cargo de las dependencias y entidades para instrumentar programas que promuevan la participación de sociedades cooperativas y demás formas de organización que conforman el sector social de la economía (ejidos, comunidades y organizaciones de trabajadores) en la adquisición y arrendamiento de los bienes y servicios que el Estado requiera para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones. Antes de la mencionada reforma sólo se contemplaban como destinatarias de estos programas a las Mipymes, pero debido a la proliferación y beneficio de las cooperativas se optó por incluirlas.

La finalidad última de esta reforma fue influir en los procesos de generación y distribución equitativa de la riqueza a través de la creación de aquellos empleos formales y permanentes que estimulan la producción y el mercado interno a través de modelos de organización comunitaria basados en la autorresponsabilidad, la equidad y la solidaridad. En las cooperativas, los trabajadores son “dueños” de la sociedad, cada uno aporta una parte de capital y/o trabajo y las utilidades son repartidas entre ellos mismos, llegando a constituirse como organizaciones que traen grandes beneficios si se explotan con prudencia y pueden tener tanta presencia como Pascual Boing o Cruz Azul. Si a dichas organizaciones se les incita y se les busca como proveedores del Gobierno, quien se erige como el principal comprador de México, se impulsaría enormemente a la economía nacional.

 A la par se encuentra el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, que reformó los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Su objetivo fue incentivar la igualdad de género en la actividad empresarial otorgando beneficios a aquellos licitantes que pretendieran suministrar bienes y servicios al Gobierno Federal que pudieran comprobar tener, entre otros aspectos, una plantilla laboral compuesta por al menos cuarenta por ciento de un mismo género y diez por ciento de sus puestos directivos ocupados por mujeres. Tales beneficios consisten en mayores porcentajes o puntos en aquellos procedimientos que asignen ganador a quien reúna una mayor cantidad de ellos, además de mayores estímulos y certificados.

En íntima relación con lo anterior, se encuentra el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, que reformó el artículo 71 y adicionó un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria con la finalidad de facilitar a las mujeres de los núcleos de población ejidal asociarse libremente para constituir unidades agrícolas industriales que incentivan su productividad. Para ello se permite la posibilidad de reservar extensiones de tierra destinadas al establecimiento de unidades que realicen actividades de producción, de ayuda mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquiera otra que promueva su desarrollo económico, integradas por mujeres mayores de dieciséis años pertenecientes a la comunidad.

En relación con los asuntos migratorios, la Comisión de Relaciones Exteriores emitió un dictamen que reformó la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para establecer como requisito a satisfacer por parte de los candidatos diplomático-consulares acreditar conocimientos en derechos humanos, entre otras razones, para proteger adecuadamente el derecho al debido proceso de procesados y condenados en el exterior, que han visto sus derechos vulnerados.

Un sector ampliamente beneficiado por el trabajo legislativo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue el de las mujeres embarazadas. Para ello fueron reformados y adicionados diversos ordenamientos legales en pro de otorgar atención médica inmediata a aquellas mujeres con emergencias obstétricas, aun cuando no se encuentren afiliadas a los esquemas de aseguramiento manejados por el IMSS o el ISSSTE, quienes tienen la obligación de hacerlo en forma gratuita. De igual manera, fue reformada la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud para fomentar la instalación de lactarios donde las nuevas madres tengan la oportunidad de alimentar a sus hijos en sus centros de trabajo, ya sean estos públicos o privados; e incluso se determinó como atribución de las autoridades sanitarias la creación de cuando menos un banco de leche humana en cada entidad federativa, que debe ser instalada en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

Además, fue reformado el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para ampliar a los grupos vulnerables beneficiados por la protección estatal de sus derechos. Con tal reforma se incluyeron como sujetos de asistencia social a las madres solas que tengan a su cuidado a sus hijos (siempre que se encuentren en la infancia o la pubertad), niños, niñas y adolescentes huérfanos y personas adultas mayores que ejerzan la patria potestad.

En el punto de la igualdad de género, se modificó la fracción III del Apartado A del artículo 2o. constitucional para establecer los principios de igualdad y equidad de género como rectores en materia político-electoral en comunidades y municipios de origen étnico. Su finalidad es que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no puedan limitar el acceso a cargos públicos y de representación popular. Es decir, podrán realizar las elecciones de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, pero garantizando que hombres y mujeres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad.

Paralelamente, se reformó la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tuvo el objeto incluir en las licencias de paternidad a las familias adoptantes y no sólo a las biológicas. Con ello se impone la obligación de otorgar permisos y una prestación por maternidad o paternidad en casos de adopción para fomentar la distribución de tareas en el hogar y el cuidado de los hijos, propiciando un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones de un hijo aunque no se haya pasado por las molestias ocasionadas por un parto.

En cuanto a la seguridad pública y para contribuir a la erradicación de la extorsión, el dictamen que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obliga a los responsables de manejar los equipos de bloqueo o anulación de señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen (autoridades que no pertenecen a los establecimientos penitenciarios) que operen en los perímetros de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, además de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, a informar semestralmente a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el resultado de la operación de sus equipos.

 Como es evidente, la actividad legislativa ha comprendido un sinnúmero de aspectos y materias que tienden a aumentar la calidad de vida de las y los mexicanos y que de ninguna manera pueden ser catalogados como intrascendentes.

mirna.hernandez@congreso.gob.mx