Un nuevo contrato social

Abrir las  puertas a la tolerancia a este tipo de células es dejar en el Estado de Derecho un boquete igual que el que las mafias del narcotráfico han cavado ya.

¿Qué necesidad tenemos de andar en esto?” es el principal argumento que esgrimen los miembros de los denominados grupos de autodefensa que han proliferado en el estado de Michoacán. Invocan, así, la lógica racional de su movimiento: el riesgo en el que incurren es (tiene que ser) menos grave que la situación en la que viven ellos y sus familias, para que opten por disponerse a enfrentar a tiros a quienes han asolado sus ranchos, municipios, comercios, empresas y, sobre todo, hogares.

En su reflexión se asume que, de encontrarse una alternativa mejor; de cumplir el Estado con su función irrenunciable de proveer seguridad a sus súbditos, inmediatamente volverían a sus entornos originales para proseguir con su vida cotidiana.

En su posicionamiento está implícita también una dosis de heroísmo: la disposición a ofrendar la propia vida en aras de legar un mejor ambiente para sus familias. Hasta dan ganas de montarles un monumento, de enviarles ayuda, de sumarse a su lucha.

Qué mal queda el Estado llamándolos a replegarse y deponer las amas. Qué fácil le resulta imponerse ante los más débiles mientras, en cambio, ha renunciado a meter al orden a quien desde hace años ha menguado la paz y prosperidad de los territorios que hoy ellos, sintiéndose en el desamparo, han optado por recuperar.

Si hacemos abstracción de la deplorable decisión de tirar sobre los insurrectos, es el Estado el que tiene razón. No al dejarlos sumidos en la desatención, pero sí al llamarlos a apegarse al marco del Derecho y respetar que sólo a las instituciones pertenece el uso de la fuerza. Supeditar el abstenerse de la violencia a un pliego petitorio por justo y obvio que éste sea, es otra forma de insurrección. No requieren estas guardias blancas atacar a las fuerzas del orden público para que su postura sea una afrenta al Gobierno.

Abrir las puertas a la tolerancia a este tipo de células es dejar en el Estado de Derecho un boquete igual que el que las mafias del narcotráfico han cavado ya. Y los pozos, bien lo sabemos, no se tapan zanjando otros.

Es comprensible que la estrategia del Estado sea contener el problema más fácil de encapsular. Dejarlos crecer hasta que se declaren satisfechos con el estatus que guarda el enemigo que han definido, no haría sino volver monumental una bola de nieve que desde hace ya meses cobra fuerza mientras se abalanza sobre unas autoridades locales ya de por sí muy mermadas.

Acatar la autoridad de sus gobiernos es una forma de solidaridad que los hoy sublevados habitantes de casi 20 municipios michoacanos nos deben a todos los habitantes del país. No hacerlo nos pone a todos en el riesgo que representa un orden público (aún más) vulnerado en el que la gobernabilidad no sea ya posible.

Nosotros, en cambio, les debemos a ellos estrecha solidaridad con sus demandas, actitud vigilante y denunciante hacia las acciones del Gobierno que se alejen de la puntual atención al problema de seguridad que viven. La afrenta en la que hoy se encuentran envueltos se nutre, por supuesto, de la ineficiencia estatal, pero también de la indolencia de nosotros como compatriotas, quienes hemos mostrado hacia ellos el mismo desapego que manifestamos hacia las mujeres víctimas de asesinatos en Chihuahua, o los niños privados de su derecho a la educación en Oaxaca. Nuestra indiferencia es la verdadera semilla del desorden público que hoy nos amenaza y se viste lo mismo de crimen organizado que de grupos paramilitares o guerrillas. Tenemos que rehacer nuestro contrato social, no sólo con el Estado, sino entre nosotros mismos como ciudadanos.

Politóloga

mhinojosa@udem.edu.mx