Legitimar la autodefensa

“Yo soy yo y mi circunstancia”, escribió Ortega y Gasset, y solo bajo ese amparo es que me atrevo a escribir lo que expondré en estas líneas, porque no estoy segura si mi postura sería la misma ante quien violente mi casa y trate de lastimar a mi familia.

Con todas estas condicionantes es que me atrevo a decir que me preocupan las modificaciones que se han dado a la ley en Nuevo León para que a través de la legítima defensa se pueda explicar incluso el dar muerte a un individuo.  Más allá del contenido de la ley me inquieta el inusual consenso en el que la misma surge. Tras ver los acalorados debates que se han dado entre el Legislativo, la sociedad y el Ejecutivo en torno a la reforma electoral, resulta interesante ver cómo esta tutela a la violencia como medio de contrarrestar a la misma violencia no suscita deslinde alguno. Y la explicación del diputado promovente  –de extracción panista– pone aún más los pelos de punta, ya que afirma que claramente están hablando en nombre de la sociedad, con lo que coinciden sus homólogos del PRI quienes esta vez no han tenido reparo alguno –al igual que el resto de las bancadas– para aprobar por unanimidad la iniciativa blanquiazul.

Y también a diferencia de lo que ocurre con la reforma electoral, el gobernador se dice listo a promulgar la reforma cuanto antes. A todos les parece lo más natural y la forma más clara de darle voz a una demanda popular.

Es bien posible que así sea. Es factible que la ciudadanía casi por completo apoye estas reformas. Sin embargo en este ardid electorero se nos comienza a olvidar el sentido de la democracia representativa; la obligación de las autoridades de cuestionarse y autolimitarse a un marco de derechos fundamentales. Porque los derechos humanos no están sujetos a plebiscito. Porque el Estado no puede simplemente abdicar de su función fundamental de brindar seguridad dando carta abierta a los ciudadanos para hacer justicia por su propia mano.

miriamhd4@yahoo.com