Para avanza en la vía ciudadana

Un factor  crucial es, sin duda, el económico. Llevar una candidatura es un asunto caro; promoverla hacia el éxito en las elecciones, lo es aún más...

Si en general en los procesos legislativos las reglamentaciones a los principios y derechos consagrados constitucionalmente son de gran relevancia, en el caso de las candidaturas independientes adquieren una dimensión aún mayor ya que en la forma de operar esta posibilidad radica el potencial éxito de la figura pero, sobre todo, anidan en ella los vicios que pudieran hacer, de lo que parece un avance en dirección de la democracia, una nueva forma de exclusión en un país ya de por sí repleto de situaciones que nos hacen cada día más desiguales.

Un factor crucial es, sin duda, el económico. Llevar una candidatura es un asunto caro; promoverla hacia posibilidades de éxito, lo es aún más. En un sinfín de ocasiones en el Pleno de la Comisión Estatal Electoral escuché cómo los partidos pequeños argumentaban que el sistema de asignación del financiamiento, que acordaba un amplio porcentaje en función de votos, no hacía sino perpetrar el estado de cosas vigente al volver inaccesibles para sus candidatos despliegues para los que los institutos políticos de mayor envergadura dedicaban cantidades importantes de dinero.

Buscando corregir esa desigualdad entraron en vigor algunos esquemas altamente complejos, como el que dejaba al Instituto Federal Electoral a cargo del pautado de todos los anuncios que en los medios de comunicación realizaran los partidos políticos, disponiendo para ello del tiempo aire que por obligación los concesionarios de radio y televisión deben de ceder al Estado. Pero como ésta, las demás herramientas se han evidenciado altamente burocratizantes y poco efectivas. Ni hablar de los irreales topes de campaña que hacen total abstracción de los precios de mercado y vuelven la fiscalización de los presupuestos de promoción una mascarada en la que unos hacen como que cumplen y otros como que vigilan.

Ante ello, el origen de los recursos y la fiscalización de las candidaturas independientes serán un tema a resolver. En la experiencia internacional, permitir la adhesión de grandes donantes a la causa implica riesgos. El primero, y obvio, son las autopostulaciones (en el sentido económico del término) que no hace sino crear espacios políticos para quienes detentan ya el poder financiero. Está también el caso de los congresistas o gobernadores que no son sino títeres de grandes intereses corporativos que invirtieron los recursos necesarios para sacar adelante la candidatura, como si se tratara de cualquier otro negocio. En el caso mexicano, lo que se avizora es un gran donante público, es decir, el Estado. Lo que trae consigo una forma menos evidente, pero igualmente nefasta, de mediatización del elector. Si bien es obvio que el recurso estatal no es otro sino el recurso que el particular pone a disposición de los entes gubernamentales —porque está obligado a esa contribución— al convertirse en Estado en el gran dador de este bien (es decir, al saludar con sombrero ajeno) debiéramos esperar más que candidatos ciudadanos, verdaderos superhéroes que no deriven en los vicios de los que tan ampliamente han dado cátedra los partidos políticos al buscar preservar, a cualquier precio, su lugar en el estado.

Pero no todo está perdido. En éste, como en tantos otros dilemas, la creatividad es la puerta de escape por excelencia. La tecnología que se traduce en acceso a internet y redes sociales es un botón de avance rápido en dirección de la democracia; esto a condición de que nos aseguremos de que la cobertura de la misma y la alfabetización en este nuevo lenguaje.

mhinojosa@udem.edu.mx