Volvamos a lo básico

Hemos construido una legislación electoral cada vez más densa y compleja cuya aplicación queda, irremediablemente, vinculada a las interpretaciones.

Entre las facturas que tenemos que pagar por el autoritarismo sufrido y soportado por varias décadas, está una enfermiza fascinación por lo electoral. Como por años culpamos al fraude en los comicios de generarnos gobiernos ineptos, los abundantes errores, ineficiencias, corruptelas y nepotismo en la administración pública, tenían su raíz en autoridades que no se veían en la necesidad de satisfacer a su electorado para mantenerse en el poder, sino que utilizaban este último para satisfacerse a sí mismas.

En consecuencia, la tendencia a ajustar el sistema electoral para calibrar cualquier problema en nuestro sistema político se ha quedado grabada en nuestro ADN colectivo como una especie de remedio milagroso para todos los males que nos aquejan. Por ello, hemos construido una legislación electoral cada vez más densa y compleja cuya aplicación queda, irremediablemente, vinculada a las interpretaciones que a esa reglamentación pueda dársele. También hemos incurrido en la dudosa virtud de expresar con los topes de campaña deseos y no realidades. Imponiendo cantidades que distan mucho de los precios reales que tiene, por ejemplo, la ejecución de un evento masivo, hacemos una invitación tácita a violentar la legislación si durante la campaña se busca verdaderamente incidir en el ánimo y proclividad partidista de los votantes.

¿Quién podía decir a ciencia cierta si los espectaculares que hay por doquier desplegados en la ciudad constituyen verdaderamente actos anticipados de campaña? En el espíritu que los anima, sabemos que lo son: “Santo que no es visto no es adorado” es el refrán que causa pesadillas a todo político con aspiraciones (perdón por el pleonasmo). Pero construir un caso jurídico para tener la evidencia de que dicha publicidad no es para una revista, sino para quien “por obra del destino” aparece en su portada con el timing perfecto, es ya otra historia.

Construir una argumentación jurídica sólida para tipificar como delito electoral una entrevista que pudo o no ser hecha con afanes de promoción de un aspirante a candidato es un asunto harto difícil. En el camino corremos el riesgo, además, de penalizar a justos por pecadores extendiendo el control de este tipo de actos a dilemas que rayan en la censura, aspecto en el que hemos logrado un importante avance que, ese sí, beneficia ampliamente a la democracia en el país.

Considero que la clave para navegar en este complejo mar está en la plena conciencia, aceptación y, sobre todo, protección, de los principios que deben regir todo proceso electoral: equidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza, definitividad y transparencia. En palabras muy llanas, asegurarnos de que haya opciones para todas las tendencias políticas, que todos cuenten con posibilidades reales de ganar y que todos estén dispuestos a perder. Que todos los ciudadanos puedan participar en la elección y conocer oportunamente su resultados, y que estos últimos sean validados y protegidos por autoridades competentes que no están a merced de lo que les dicte ningún interesado. En síntesis, concentrémonos en lo básico y comprendamos lo que ocurre en nuestro entorno teniendo esto en perspectiva.

Politóloga

mhinojosa@udem.edu.mx