¿Y la seguridad pública?

Aunque según datos recientes la percepción de inseguridad pública sigue siendo el principal problema para seis de cada diez jaliscienses, no muy lejos de la de estados típicos donde la violencia es virtualmente imparable, lo cierto es que el tema que ha de ocupar y preocupar más a las autoridades que ningún otro, no termina por convertirse en asunto coordinado y concertado. Y en gran medida todos sabemos que las discrepancias, especialmente entre los gobiernos estatales y municipales, llevan a acciones aisladas unas de otras y cada vez más lejanas de unirse en torno a una meta común.

Y vaya que la situación no está para dilaciones ni faltas de entendimiento. Aunque cada gobernante en turno suele ponerse a la defensiva cuando de seguridad se trata, definitivamente ya pasaron los tiempos en los que solían atribuirse las escaladas delictivas a simples “hechos aislados”, a cuestiones de “otro nivel de gobierno” e incluso a situaciones solamente entre pandillas de hampones o que “vienen de otras partes”. Mejor no recuerdo cuál de estos gobernantes, a propósito de las matanzas de los cárteles, decía que “menos mal”, que así “se acabarían solos”. La tendencia del político, se confirma cada vez más, en a minimizar en lo posible el delito.

Pero veamos el por qué la percepción general no es una invención ni sugestión popular simple. Con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal (aunque aportados por cada entidad federativa), Jalisco a mitad del año contabilizaba 3,205 robos con violencia contra 3,141 robos sin ella. Entre esto último se llegó a los 1,171 robos de vehículos que, además, cuando se logran recuperar obligan a verdaderos “viacrucis” y burocratismos sin fin para que regresen a manos de sus legítimos propietarios.

Desde luego, siguiendo en el terreno de los delitos del “fuero común”, hasta junio Jalisco llevaba 51 asaltos bancarios, 13 en carreteras, 546 homicidios dolosos, 270 extorsiones, 3,294 fraudes y 8 secuestros, además de otros delitos varios. Ahora bien, lo que hay que aclarar es que todas las cifras anteriores, y así se señala expresamente, corresponden a delitos que reúnen dos premisas: haber sido denunciados ante el Ministerio Público y, también, objeto de un seguimiento por parte del mismo. Es decir, que por lo menos cuentan con expediente. A ello habría que añadir, por supuesto, los delitos del “orden federal”, que en el mismo lapso han sumado en nuestro estado 1,255, casi la mitad de ellos referidos “contra la salud”.

Y aquí es donde las cosas pueden cambiar mucho. Por principio de cuentas, tampoco es gratuita la “percepción” de impunidad que existe. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE del INEGI), se establece un resultado global en el sentido de que solamente entre el 9 y el 10 por ciento de los delitos se denuncian, es decir uno de cada diez. Además, y aquí está lo bueno, acaso la mitad de ellos llega a las instancias penales por actuaciones de una Averiguación Previa. Es decir, estamos hablando de apenas un 5 por ciento de un presumible total delictivo. Y de ahí empieza el largo viaje hacia la justicia final que, como todos sabemos, está plagada de situaciones anómalas, largos y no pocas veces costosos procesos, una justicia alternativa que no acaba de acomodarse, y naturalmente el elevadísimo costo bien sabido de la corrupción y de tiempo, tiempo y más tiempo perdido.

Así las cosas, se entiende más el enfado colectivo al notar que las esferas gubernamentales sigan sin llegar a las acciones verdaderamente trascendentes. Además, de alguna manera relajan responsabilidades que seguramente también tienen organismos e instituciones privadas, como es el caso de los bancos. Hay quien recuerda que hubo una vez que los bancos contaban con policías interiores y hasta exteriores. Luego les pareció a los banqueros un “gasto excesivo” que debería sufragar el gobierno. Los resultados saltan a la vista, mientras que efectivamente los cajeros automáticos se han convertido en nidos de conejeros. Nada causa más temor que ir a un cajero desolado y peor todavía, obtener una cantidad importante para “raya” u otros pagos, sin el riesgo sabido de un asalto inesperado.

Y aunque se lanzan algunas propuestas aparentemente interesantes como la del “cuentahabiente seguro” o la “movilidad segura” ya que el peatón o el pasajero de un camión igual sufren atraco tras atraco, los patrullajes y la vigilancia siguen siendo insuficientes. Por si fuera poco, no faltan las desavenencias entre niveles, como sucede entre la Fiscalía General del Estado y las autoridades municipales. Por esto, en otra percepción ya encuestada, el ciudadano común tiene mucha más confianza en la Marina o el Ejército -hasta en un 80 por ciento- que en las policías estatales y municipales -entre el 40 y 50 por ciento-, de manera que será mejor que hagan algo para dejar de pensar en su imagen propia y en las próximas elecciones. La seguridad pública no es tema de campaña o de foros de consulta. Es una realidad latente.

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