El plan Peña y Jalisco

La situación no está para menos. El Presidente tuvo que abordar ya el problema que se agrava luego de dos meses de violencia e incertidumbres puesto que apenas a dos años de su gestión enfrenta una crisis que puede alterar el curso de todo el sexenio. Sin embargo, aunque no pueda desconocerse la intención de corregir y de dar algunas soluciones inmediatas o a mediano plazo, la verdad es que quedan en el nuevo plan de Peña Nieto no pocas interrogantes y quizá sea difícil y hasta cuestionable llevar algunas de las determinaciones anunciadas a la práctica. Veremos.

Para empezar, está visto que este plan que, al menos en el papel, ha de conducir a fortalecer el estado de derecho, fue elaborado por las presiones sufridas y con criterios que marcan la preocupación fundamental de no afectar la gobernabilidad del país. Son varios los puntos que merecen análisis, pero principalmente por lo que representan sus repercusiones hacia los estados y municipios, hay que empezar por ver si por querer tapar agujeros no se está haciendo un boquete a la Constitución.

Nuestra estructura republicana y federal se fundamenta en la soberanía de los estados y en la autonomía de los municipios (que muchos problemas ha generado, como miles de acciones basadas en esta autonomía, sin importar el entorno metropolitano propiciando la dispersión de las ciudades, entre otros). Dentro del plan presidencial, sin duda son estos últimos los que habrán de sujetarse a un nuevo régimen en cuanto al manejo de su seguridad pública y quizá ante los hechos recientes, por lo que se ve los alcaldes se ven muy solícitos a entregar sus corporaciones policiacas al pretendido “mando único” estatal. Cualquiera sabe que en la gran mayoría de municipios las condiciones de sostenimiento de las policías son muy precarias y que, por lo tanto, los guardianes de ese nivel son bastante vulnerables a caer en prácticas y contubernios que acaban por hacerlos ineficientes o corruptos. Pero tampoco se puede generalizar.

Por lo sucedido en Iguala, quizá el gobierno federal no encuentra otra solución que la de centralizar, primero a nivel estatal, la seguridad pública. Claro que los alcaldes pueden solazarse con la medida ya que de seguro los eximirá de una de sus principales responsabilidades. “Sacrificarán” de esta manera una potestad fundamental que, al menos en lo ideal, significa ofrecer un servicio básico a la población de manera inmediata para, una vez consumada la estatización –con un convenio similar al de tránsito, el agua, etcétera-, olvidarse del tema. Sin embargo, no está por demás recordar que las policías municipales son, primero que nada, preventivas. ¿Harán esta función, cercana a los habitantes, a sus colonias y comunidades, desde un mando central?

No por trillado deja de tener contenido el dicho que establece los riesgos de poner todos los huevos en la misma canasta y hay que advertir en efecto lo que puede suceder. Para empezar, ¿quién garantiza que una policía estatal no caiga en errores ni corruptelas? La cuestión no tiene nada de nuevo. De hecho la creación del “mando único” ya se está implementando y también han surgido los primeros descalabros al respecto. Por lo visto no hay policías perfectos, ni municipales ni de otros niveles de gobierno.

Tal vez aquí en Jalisco ya la Fiscalía estatal se esté frotando las manos al cumplir uno de sus objetivos primordiales que es la concentración de poder aunque, por otro lado, tremendo problema será en corto tiempo organizar tan complicada maraña de organismos. Además, con todo y las explicaciones del Gobernador jalisciense en cuanto a resultar entre los cuatro estados urgidos de la estatización policiaca merced a la línea presidencial, todo hace pensar que aquí las cosas no están tan bien ni tan bonancibles como dice el discurso oficial del Ejecutivo estatal.

Poner en Jalisco dentro de una misma línea de acción que entidades como Guerrero o Tamaulipas (¿y el estado de México qué, es muy seguro?) no hace sino reflejar una honda preocupación de la Presidencia de la República. Por algo será y no por una manera de especulación ni porque se trate solamente de una acción “de prevención” como señala el Gobernador. Vamos, ni siquiera Sinaloa, Chihuahua o Durango, se encuentran entre las prioridades según el foco de atención en el programa. Jalisco, sí. Esto no puede traducirse sino como una confirmación de que esta entidad se encuentra entre las más susceptibles a la delincuencia organizada de la nación y, muy posiblemente, en la que las cosas en materia de seguridad pública no están funcionando, al menos no como tanto pregonan las autoridades del ramo.

Si lo acepta o no el Gobernador es cuestión aparte. Nadie le puede censurar su natural afán por mantener la “mejor imagen” del estado ya que en ello descansan por razón obvia la atracción de inversiones,. Menos señalarlo ahora que, está visto, el propio gobierno federal no acepta ni por asomo autocriticarse, valorar si está haciendo bien las cosas o no. Poco se entiende que las policías municipales nunca hayan sido fortalecidas en todos aspectos, menos que ahora de un plumazo desaparezcan. La angustia del Presidente debe ser mucha para que se confíe a los estados el totalitarismo policiaco. Luego se va a querer “federalizar” la seguridad, y ahí nos vamos.

Habrá que esperar las consecuencias de todo esto y analizar detenidamente otras medidas anunciadas –como la de las licitaciones en obra pública que, en realidad, han venido sido hace tiempo promovidas por la directiva nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  la Cámara Nacional de Empresas Consultoras y la Federación de Ingenieros Civiles-, si bien por ahora nos quedan muchas dudas sobre si todo bastará para acallar inconformidades, lo cual también ha de quitar el sueño al Presidente, a su inamovible gabinete y a muchos gobernadores, incluyendo el nuestro, ya que pronto empezará el año en que los ciudadanos de este país podrán decirles su opinión en las urnas.  

 

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