El peor momento

Sin duda todos los gobiernos tienen momentos difíciles. Lo importante es que se reconozcan y se actúe en consecuencia. Para Enrique Peña Nieto lo sucedido en Iguala, por más que se trate del efecto directo de autoridades locales y estatales ineptas y corruptas, lleva a la consideración que algo pasa si el eje central del país, en este caso el Ejecutivo federal, no logra y mucho menos mantiene el control debido de los puntos torales en materia de seguridad, justicia y tranquilidad social.

No es que se trate de echarse culpas con la línea que han seguido protagonistas políticos y partidistas. Los responsables están, al menos hasta ahora, presumiblemente identificados pero, efectivamente, esto no exime a otros niveles de autoridad de la necesaria capacidad para confrontar los problemas. Hasta estas últimas semanas acaso par de meses, todo iba viento en popa para la gestión de Peña Nieto. Se presumieron hasta la saciedad los grandes logros reformistas y se gestionaron u obtuvieron algunos reconocimientos internacionales de lo revolucionario de las medidas que, se dijo, constituían el parte aguas que el país necesitaba para salir adelante.

Claro que no se trata de desdeñar la importancia de tales reformas pero, por el momento, la imagen de México ante el mundo es totalmente distinta. De los aplausos mundiales, repentinamente el actual gobierno pasó a la censura de iguales dimensiones, particularmente dentro del enfoque que los avances logrados no llegaron ni han llegado a resolver el sensible aspecto del respeto a los derechos humanos. Los hechos han comprobado que los distintos niveles de gobierno han dejado de cumplir esenciales responsabilidades en este sentido. Vamos, ni el Ejército, al que hay que reconocer una loable y hasta heroica tarea en la lucha contra el delito, sale tan bien librado ya que suma casos de denuncias graves en la materia y hasta acusaciones terribles como en el asunto de Tlatlaya, del cual al que se quiera minimizar no será posible deslindarse.

Desde luego que no existen los países perfectos ni las sociedades de jauja ni los gobiernos impolutos e infalibles. Sin embargo, México sobrepasa mucho los índices de los “casos aislados” cuando se advierte la persistencia de la impunidad y la vulnerabilidad ante el crimen. Aquí no se pierden o secuestran dos, tres o cuatro sino hasta 43 personas en un instante se desvanecen sin que miles, varios miles de policías e investigadores puedan encontrarlos rápidamente. ¿Podrán entender en otros países este fenómeno? ¿Cómo podríamos calificar, si lo viéramos desde fuera, un caso como éste? ¿Creeríamos sinceramente que se trata de una nación encaminada al progreso y rectamente ordenada para inspirar la confianza del viajero, el turista, el estudiante o el inversionista?

Internamente, claro, todo ha sido empleado para radicalizar posturas políticas y esto no es casualidad en vísperas de un año electoral. Desde los absurdos discursos mesiánicos en los que cada vez menos creen, hasta los dimes y diretes continuos, farragosos y hasta contradictorios de los actores acostumbrados, dirigentes partidistas, legisladores, funcionarios, etcétera, concitados cada quien en la búsqueda de ganancias del río revuelto más que en el encuentro real de las soluciones. Cuando se habla de temas como el de Iguala se ha llegado a señalar que es un “crimen de estado” y quizá lo sea si tomamos en cuenta que el Estado no es solamente el gobierno sino todos los componentes políticos y sociales que lo integran.

De la retahíla verbal que todo esto ha generado, hay voces serenas e importantes a considerar. Por ejemplo, la del presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, quien ante el propio Peña Nieto advirtió sobre la situación que se trata de “amenazas que pueden poner en riesgo nuestro futuro” y que Iguala no es sino “la verdad que nos desnuda y nos compromete, el espejo que refleja nuestras faltas y omisiones”. Y no pudo haber dicho algo más contundente  como que se trata de un asunto de cultura del respeto por la legalidad y el estado de Derecho. De ahí, Castañón sentó la base de una verdadera solución en el modelo de confianza, imposible de conseguir sin el combate enérgico a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad.

 

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