Una libertad cuestionada

Para quienes vemos la prensa desde las trincheras profesionales y empresariales, siempre nos ha inquietado saber hasta qué punto es real y vigente eso que llaman la libertad de expresión. La verdad es que hay muchas sombras de escepticismo dadas las limitantes que evidencian varios medios de comunicación por supuestos compromisos, especialmente con el sector público. De ahí que las voces un tanto escasas y aisladas que traspasan umbrales como en desafío a esa tendencia oficialista que casi damos por generalizada, forman parte de nuestras preferencias inevitables.

Sin embargo, la cuestión que ha despertado inusitado interés en días recientes, o sea el despido de Carmen Aristegui, debe ser analizada a conciencia y desde distintos aspectos, y no solamente como un respaldo automático a quien, desde luego, goza de prestigio por el inusual valor de hacer señalamientos espectaculares, pero que enfrenta una situación bastante normal entre quienes trabajan para cualquier empresa: las consecuencias de tomar atribuciones que no les corresponden.

Aclaro. No se trata de poner en duda los valores de la conocida periodista y conductora, sobradamente probados. Lo que pasa es que hay que atender al hecho, difícil de explicar para muchos, de que los medios de comunicación también son empresas comunes y, como tales, ven por sus intereses como cualquiera. Obvio que en ello llevan el impacto esperado entre su audiencia y, en la medida de que sean objetivas y veraces, cobrarán respeto y seguramente mayor éxito de todo tipo. Este periódico, que nos permite el espacio con toda libertad, es buen ejemplo de ello.

Entiendo que lo sucedido entre MVS y la señora Aristegui fue un desencuentro por procedimientos indebidos de parte de colaboradores de esta última, que se arrogaron, según señala la empresa, potestades que en esencia dependen de su exclusiva decisión, como hacer cualquier clase de convenios en los que vaya de por medio su marca. Si esto sucediera en cualquier empresa, a nadie le extrañaría un despido ya que entraña un abuso de confianza o, por lo menos, la falta de una autorización previa. El asunto, pues, pudo no ser tan grave.

Pero las cosas no se ven de esa manera. El punto a discusión es la libertad de expresión que ciertamente merece análisis, pero que igual puede mezclarse en lo que se quiera. Corrientes políticas de todos colores, gobiernos de todos niveles y hasta sectores del medio privado, protestan airadamente y hasta amagan con demandas que nunca concretan, ante señalamientos de los medios de información. Ahora, casi todos ellos se alinean con el caso mencionado con poca sinceridad en su defensa y solidaridad con la periodista pero como con una magnífica oportunidad para lucir y exaltar su oportunista “admiración” por la auténtica libertad de expresión. Quién les entiende.

Por supuesto que no es mera sospecha que los poderes de cualquier sector siempre han buscado la forma de controlar a los medios. Lo hacen a través de todos los recursos a su alcance, desde relaciones públicas hasta el manejo de su gasto publicitario –recuérdese al presidente que dijo “no pago para que me peguen”-, como también los tratos especiales y deferentes, cuando no desafortunadamente embarrados de nóminas secretas o algunos favores con miembros de la prensa en distintos niveles. Lo último, naturalmente, es la presión abierta, el ataque y la coacción hacia los periodistas o a sus medios.

México no es el mejor país para ejercer la libertad de expresión, al menos entre los medios. En el esquema mundial figura en este aspecto al mismo nivel que Venezuela, Corea del Norte o Cuba. Así de mal nos ven desde el exterior aunque podemos decir que tampoco es eso cierto. Sin embargo, esto no necesariamente va ligado a actos de censura de la autoridad que forman parte frecuentemente de leyendas urbanas. Lo cierto es que varios medios no necesitan que nadie los censure, basta con lo que se censuran a sí mismos al cuidado extremo de sus intereses aunque, a final de cuentas, pongan en duda la credibilidad de su labor como comunicadores.

De esta forma, el “caso Aristegui” no puede caer en una conclusión simplista ni atribuirse a una orden suprema presidencial –aunque quizá el despido no le haya desagradado- sino que debe entenderse como un complejo de circunstancias y condiciones en que se desarrolla la actividad de nuestros medios de comunicación. Los más centrados ven en la periodista cesada más que nada uno de los pocos símbolos de una visión de libertad que mucho anhelamos pero, por otra parte, hay que asumir también una responsabilidad compartida.

Los medios son, efectivamente, empresas, con intereses legítimos incuestionables, sólo que su deber social es informar, con la mayor independencia posible, con el grado más alto de libertad factible y con la objetividad que constituye su esencia. Bueno que casos como el asunto tratado hagan retomar el empeño por dar pasos hacia la genuina libertad. Un medio que se autocensura o que cede a presiones malsanas, simplemente se irá alejando del interés público, sobrevivirá quizá, pero podría tarde o temprano ser ignorado e incluso desaparecer o morir, con “aristeguis” o sin ellas.

 

miguel.zarateh@hotmail.com  

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