Sin excusas, pero para nadie

El presidente Enrique Peña llamó la atención, por decirlo de alguna manera, a los gobernadores del país para que no busquen excusas en su responsabilidad original de trabajar por la seguridad en sus respectivas entidades. Las razones para ello son muchas, empezando por las políticas ya que está visto que en todo lo sucedido en los meses recientes, sin duda que el peor librado, al menos en cuanto a la opinión pública, ha sido el propio mandatario.

Peña Nieto, en efecto, ha recibido el embate más feroz en cuanto a crítica y señalamientos en torno a los hechos que, en realidad, han sido causados, propiciados y cometidos por niveles de autoridad muy diferentes y, aunque esto no necesariamente tenga que ver, también por gobiernos de distinto partido al suyo. Toda la carga de manifestaciones no cesa en cuestionar el actuar del gobierno federal incluso más que el de los gobiernos estatales y municipales involucrados cuando en realidad en los hechos mismos la Presidencia estaba totalmente desconocedora y ajena.

Valga esto como comentario para intentar ir en busca de una apreciación un poco más objetiva de las cosas pero sin que parezca tampoco muy adecuado que en vías de aliviar presiones, se hagan otro tipo de reparto de culpas. Para empezar, efectivamente los gobernadores están en condiciones de mayor inmediación para percatarse de lo que acontece en su estado. Aunque se quiera no se puede descargar de sus hombros la responsabilidad de estar al pendiente de los municipios integrantes en su jurisdicción.

Esta es la principal razón por la que, por ejemplo, los gobernantes o más bien ex gobernantes de Michoacán y Guerrero, debieron asumir su parte en las situaciones que vivieron y que lamentablemente siguen viviendo sus ciudadanos. ¿Ni siquiera sospechaba de todo lo que hacía el alcalde de Iguala el ex gobernador de Guerrero? ¿No conocía la influencia y actuar del grupo Guerreros Unidos? ¿Había hecho algo por controlar la región ya denotada en condición de crisis de seguridad? Y el de Michoacán, ni hablar pues el caos es tan grande que ni el virreinato forzado ha podido resolverlo. En ambos casos, las cosas al parecer no se tranquilizan ni “con todo el poder del estado”.

No obstante, todo hace pensar que el gobierno federal, más que seguir tomando en sus manos la seguridad pública, busca responsabilizar más a los titulares de cada entidad. Este es quizá el fondo de la determinación para que sean ellos quienes asuman el mando único ante la insolvencia económica, moral y profesional de la mayoría de las policías municipales.

El país padece una extrema pulverización territorial en municipios ya que, en conjunto, suman alrededor de 2,500, con divisiones tan dispares por entidad como el hecho de que en Baja California son apenas cinco y en Oaxaca suman 570. Aun así, lejos de conformarse grupos de ellos, tienden cada vez más a fraccionarse, lo que de hecho ya ha sucedido recientemente en Jalisco. Así que bajo estas condiciones, está claro que solamente las grandes y medianas ciudades son medianamente capaces para afrontar los requerimientos de seguridad de su población.

Y ahora que salta a la vista que, efectivamente, el gobierno federal tiene el propósito de deslindarse hasta donde le sea posible para que los gobiernos no tomen posturas cómodas de simple expectativa de ayuda federal, habrá que ver si esta responsabilidad llega a asumirse de forma integral o modulada de acuerdo a los intereses políticos y económicos de cada gobernante. Por citar un ejemplo, saber si serán capaces de aplicar medidas de seguridad con el mismo criterio para municipios de distintos colores partidistas. El famoso “mando único” tiene pues muchas incógnitas todavía.

Claro que los presidentes municipales parecen estar más que entusiasmados en cuanto a dejar el mando que, no hay que olvidarlo, por ley les corresponde ya que solo unos cuantos se han pronunciado en contra de la medida ya que hay que atender al hecho de que es una atribución constitucional, lo cual no parece tener preocupado a nadie ya que bien sabidos son los ajustes legales que se hacen cuando las autoridades se lo proponen.

Para Jalisco deberá ser también objeto de análisis ya que aquí por excusas no hemos parado en cuanto a problemas de inseguridad. La Fiscalía General, por ejemplo, no tarda nada para culpar a los distintos municipios por la supuesta ineficacia de sus “protocolos” y cosas por el estilo cuando se comete un delito. No se le ha escuchado reconocer las fallas y problemas de la estructura estatal y del “mando único” que ya suma querellas e inconformidades en su corta existencia.

Pero, por otra parte, tampoco el Presidente puede excusarse de lo que pasa en los estados ya que el gobierno federal cuenta con suficientes instrumentos jurídicos, administrativos y policiacos para coadyuvar a mantener el orden. Acaso habrá que estar de acuerdo con el hecho de que, aun cuando su apoyo ha sido fundamental, en efecto no le corresponde al Ejército la tarea de hacer rondines por las calles, cosa que no se ve prácticamente en ningún país del mundo, salvo los que están en guerra o los dictatoriales, o en situaciones de verdadera excepción.

El tema, desde luego, forma ya parte de nuestro entorno diario aunque, necesario es decirlo, también el ciudadano debe poner su parte, a partir de la atención a la seguridad familiar. Los gobiernos, en todos sus niveles, desde el Presidente hasta el último policía, pasando por gobernadores, alcaldes y mandos, en su caso son quienes no tienen excusas ya para dar paz a los mexicanos.