Los desarrolladores del caos

No es la primera, tal vez tampoco la última, pero está muy cerca de cometerse el enésimo desacierto en materia de crecimiento de la mancha urbana, y todo por los fuertes intereses que sin duda constituyen la única razón para que una organización empresarial, la Canadevi o su presidente, se ponga en contubernio con el Tribunal Administrativo Estatal (¿no tendrá este organismo judicial otra función que la de causar perjuicios?), para permitir la construcción de nada menos que 30 mil viviendas en una zona de alto impacto ambiental.

Y este no es el único problema. Más grave aún es que se hagan a un lado las políticas de corregir el daño ocasionado en años y que han generado esta dispersión urbana en la que vivimos, de por sí grave e irreversible en muchos puntos de la zona metropolitana. Si bien las estrategias nacionales corrigen sus políticas erróneas del pasado para ahora favorecer el repoblamiento de los centros urbanos, en vez de ampliar indefinidamente las áreas habitacionales hacia puntos cada vez más distantes, quienes se hacen llamar desarrolladores simplemente hacen prevalecer sus criterios esencialmente lucrativos, incluso por encima de ordenamientos establecidos y hasta de los dictámenes de las autoridades correspondientes, en este caso las del municipio de Zapopan.

La verdad no es de extrañar que el famoso TAE acaba de asestar otro golpe -¿y cuántos van?- a la intención de lograr crecimiento de la ciudad, pero ordenado y apropiadamente regulado. Supuestamente se busca el “interés social” de la vivienda pero lo cierto es que no se necesita ahondar mucho para percatarse de que se trata de aprovechar una reserva territorial particular en beneficio propio. Cualquiera sabe que la falta de vivienda sigue siendo uno de los problemas torales de nuestra sociedad, pero no es generando otros problemas como puede resolverse.

Basta con echar un ojo a los datos que arrojan los efectos de la dispersión, muchos de los cuales van directamente sobre los servicios que hay que proporcionar. Simplemente en el caso de la autorización del TAE que contraviene lo dispuesto por la autoridad municipal, en cuanto a construir 33 mil viviendas en predios ubicados en el kilómetro 10 de la carretera a Colotlán, hay que ir un poco más allá para advertir que se requerirán de servicios como agua potable, educación, mercados, aseo, salud, transporte, equipamientos generales y otros satisfactores, para 150 mil personas, aproximadamente. Además, no es cosa menor que tales predios constituyen zonas forestadas, por lo que se perturbará severamente el medio ambiente. De la calidad de vida disminuida cada vez más y los problemas sociales que generan la construcción de estos núcleos de vivienda mejor ni hablamos, pues tendríamos que mostrar datos duros que se reflejan en grandes cantidades de inversión gubernamental para poder apenas tratar sus consecuencias y conocer el daño a las familias y sociedad.

Ante la negativa del Ayuntamiento de Zapopan para que procediera la edificación, por razones definitivamente válidas, la Canadevi, y en especial su presidente que además es el propietario de los terrenos involucrados, dirigió su arsenal jurídico y muy probablemente de otro tipo, hacia el TAE, que, sin más, pese los argumentos legales y de ordenamiento urbano, pasó por sobre el Municipio para conceder la mentada autorización.

La cuestión no ha sido pasada por alto en los medios que se percataron de ello, principalmente porque el alcalde zapopano, Héctor Robles Peiro, aseguró que con todo y la decisión del TAE, hará que se impida la construcción, así tenga que incurrir en desacato, según su dicho. Tan valerosa postura del Presidente Municipal no se da sin tener la razón de su parte. Las presiones que desde luego ha ejercido el presidente de la Canadevi, quien a todas luces también emplea su cargo para sus propios fines, no tuvieron eco en el Ayuntamiento pero sí en el tribunal que suma esta determinación a tantas controversias que levantan no pocas sospechas sobre su apego a las leyes.

Hay que verlo desde el ángulo general. Desde hace no menos de veinte años la zona metropolitana ha padecido los problemas originados en las políticas neoliberales de vivienda. De tales políticas erróneas pueden verse los resultados de la dispersión provocada aunque, eso sí, el abuso, al que también se prestaron dóciles autoridades de los municipios conurbados, generó enormes fortunas inmobiliarias. El desorden y los problemas resultantes están a la vista de todos, los vivimos todos los días y ni al caso hacer nuevamente recuento de ellos.

Sin embargo, el sentido de las propuestas federales y seguramente estatales va a la inversa. Precisamente se busca el repoblamiento de los centros urbanos, cosa que, dicho sea de paso, ha estado sucediendo desde hace muchos años hasta en las grandes metrópolis del mundo. Ante la dispersión, los servicios no dan abasto para una población cada vez más lejana y desparramada. Ni con todos los presupuestos podrán satisfacerse los requerimientos. En cambio, valdría la pena señalar que, en el caso de la zona de Guadalajara, se cuenta con reservas territoriales “intraurbanas” suficientes para soportar el crecimiento poblacional de los próximos veinte o treinta años.

Ante el asunto de los predios citados sobre la carretera de Colotlán –algo así como 25 kilómetros desde el centro de la capital jalisciense-, no puede regatearse el apoyo total al Alcalde que se ha fajado ante el desafío que le han lanzado los de Canadevi –o más bien su presidente-, junto con el TAE. Y es aquí cuando nos surge la duda de si los desarrolladores de vivienda que pertenecen a esta organización, los que entre sus prácticas están  las buenas, esas que se basan en la ética, los que promueven la responsabilidad social  empresarial, permanecerán callados y solapando este tipo de acciones o levantarán la voz y pondrán una postura distinta, decidida y en contra de las acciones voraces de su presidente. De todo seguir así, deberían llamarse “los desarrolladores del caos”. Al menos así parecen.

 

miguel.zarateh@hotmail.com  

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