¿Por qué son más caras las obras públicas?

Como un tema recurrente, de manera regular y asidua los medios se ocupan y cuestionan el gasto en la obra pública. Igual, se refieren una y otra vez a la corrupción como un ingrediente constante sin el que la maquinaria oficial no procede en pro de su realización. En otras palabras, si en algún sector no hay dudas en torno al “moche” como condición para cualquier acción, es precisamente en la obra pública de todo el país.

El tema, sin embargo, debe analizarse puesto que no se trata de algo tan sencillo como que si no hay tajada para el funcionario, el contratista aspirante a alguna asignación se queda simplemente en la nada. Claro que desafortunadamente es en los niveles decisorios donde se dan tan deleznables prácticas pero, lo peor, es que ahí no terminan las cosas sino que siguen a lo largo de todo el proceso, desde la presentación del proyecto hasta el fin de su realización.

A veces, tal vez por el señalamiento se pensará de algún resentido, incluso se dan nombres y aunque las acusaciones puedan ser genuinas y sólidas, también hay que pensar en que, como en todo lo que vivimos día a día, hay quien pide, pero igualmente quien entrega. El mundo de la corrupción en la obra pública es en realidad bastante complejo y difícilmente hay quien podría arrojar la primera piedra. Se creerá que quienes están para defender, no pocas veces caen también en la búsqueda del interés particular, como ha sucedido con frecuencia lamentable dentro de los propios colegios de profesionistas y hasta en las cámaras del ramo. Un caso de sobra conocido fue el de la defectuosa obra realizada hace poco más de un año en Chapultepec, misma que extrañamente favoreció a una empresa de alguien que supo así aprovechar su puesto en la cámara del sector. Otro, más grave e impune, fue el del CAPECE en el sexenio anterior, el que fue en más de una ocasión señalado directamente al entonces gobernador.

Con todo y que colegios, cámaras y organismos civiles o empresariales, se dirá un tanto ajenos a la función pública, han de seguir normas de cierta ética, no siempre se excluyen de tales prácticas, dentro de un tráfico de influencias y derramas económicas que, además, se aderezan en torno al poder y muchas veces hasta se suman a la corriente de intereses de la política.

Así que sería iluso pensar que todo ello no tiene una repercusión directa en el costo de la obra ya que hay tasas establecidas que pueden ir del 5 al 20 por ciento en el total de la inversión. Solución a ello, incremento al precio, así de sencillo. Luego está la cuestión de que los operadores políticos, intermediarios, etcétera, van y vienen y se abre espacio a la intervención de quienes llevan el control operativo de las obras y todo su proceso. Es decir, estamos hablando de verdaderas redes en las que un contratista constructor se sujeta inicialmente por conveniencia y luego por necesidad de no quedar fuera.

Este fenómeno se da en todos los niveles de gobierno y llega a “especialidad” en el ramo federal y en algunas dependencias municipales y del estado,  ya que ahí se succionan recursos por todos lados, amparados en sus situaciones contractuales los servidores públicos, con plazas de base y condiciones especiales que aprovechan para obtener  canonjías. Y en algunas ocasiones  actúan de alguna forma los propios supervisores, digamos el último eslabón y el menos favorecido salarialmente, pero que ante la depredación de sus superiores, obvio, quiere también su parte.

Se dirá que hay mecanismos de control y que funcionan organismos cuya misión sería la de evitar tan complejo sistema de corruptelas. Lo cierto es que no se ha podido superar tal cuestión. Al contrario, hay incluso municipios que parecen entidades cerradas a toda auscultación y nadie sabe cómo ni de qué manera se asignan obras y a quién se otorgan. No vayamos lejos, una de estas ínsulas de poder absoluto está en San Pedro. Y todos lo sabemos.

Lo malo es que tampoco hay valientes que estén señalando estos sistemas que, a no dudarlo, bien podrían considerarse mafias toleradas en las diferentes estructuras gubernamentales. Salen unos, llegan otros, cambian inclusive los partidos en el poder, se remueve a algún funcionario y todo, pero todo, sigue prácticamente igual. La mayoría de afectados ni siquiera se atreve a protestar ya que lleva en sí su propia cuerda para ser ahorcado. Y cuando las denuncias llegan, por sabido se da, también los carpetazos están a la orden día. Esto, se dirá, es cosa de toda la vida y hasta se considera como parte de nuestra identidad. Vaya conformismo el nuestro.

En ocasiones se hacen parámetros entre lo que cuestan las obras públicas y otras que, con similitudes en cuanto a dimensiones, volúmenes y calidad, realiza el sector privado. Nada que ver. Está claro que las obras efectuadas por el sector gubernamental, nada cuidadoso por cierto de procurar las condiciones óptimas ni los mejores precios de insumos y demás, encarecen obligadamente porque a una cotización específica alguien debe cubrir los excedentes de la cadena de corrupciones que cuesta y que, por supuesto, termina por ser pagada por los ciudadanos, quienes reciben obras de mala calidad a la vez que sufragan el encarecimiento de las mismas generado por la corrupción y las mafias que perviven en la inversión pública.

 

miguel.zarateh@hotmail.com 

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