Secreto a voces; descoordinación entre SIOP y Sepaf

Ya es más que un secreto a voces. Entre las secretarías de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y la de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), ambas del Gobierno del Estado, o no se entienden o algo verdaderamente grave está pasado pues en su proceder en cuanto a pagos de trabajos supuestamente autorizados y programados por la primera de ellas, no les falta mucho para causar problemas cada vez más críticos a los constructores, cuando no llevar a la ruina a muchos de ellos.

Hay que imaginar lo que sucede a las empresas de este sector, en su mayoría medianas y pequeñas, que luego de mil y un peripecias para alcanzar un anhelado contrato, sea por asignación directa, por invitación o por licitación pública, entregan sus recursos y trabajo a fin de cumplir con los plazos establecidos. Pero... resulta que a la hora de que deben llegar los pagos, nada. Podría decirse que se trata de un mal generalizado pero, a decir verdad, se supone que cuando el gobierno planea una obra y ordena su construcción, la misma ya está programada y aprobada con los fondos correspondientes. Sin embargo, es ahí donde empiezan las discrepancias entre las dos secretarías mencionadas o, de plano, habría que atribuir todo a maquinaciones, desinformaciones, falta de comunicación y hasta ineficiencias o mala fe de algunos de sus funcionarios.

Lo que sí hay que dar por hecho es una virtual carencia de coordinación entre SIOP y Sepaf, la primera a cargo de Roberto Dávalos López y la segunda bajo la responsabilidad de Héctor Rafael Pérez Partida. Vamos poniendo a salvo la buena voluntad del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval puesto que es difícil hacer constar que esté enterado de tanto problema ocasionado hacia el interior de las mencionadas dependencias. No obstante, quizá es el momento de poner en relieve y en su conocimiento que no se trata de un problema menor sino de una falla sistemática incomprensible que está afectando severamente a aquellos constructores que se involucran en la obra pública estatal.

Terminó el año y las promesas de pagos millonarios a muchas empresas quedaron en el limbo. Los argumentos para no pagar son variados pero, a fin de cuentas, el perjudicado no es más que el constructor "privilegiado" con obra del estado. Esto es menos explicable cuando, se supone, el procedimiento está preestablecido: una vez asignada la obra, se realiza todo el trámite de documentación para cobro de anticipo y después el avance se va cubriendo por medio de estimaciones. La SIOP envía estos expedientes –ya aprobados y revisados– a Finanzas para realizar los pagos mediante depósito interbancario a las cuentas del constructor. En teoría tal proceso duraría un par de semanas pero no es así. A veces se trata de seis u ocho meses para que se cubran tales pagos.

El cierre anual fue prácticamente un ejemplo de lo anterior. Se programaron supuestamente los pagos a las constructoras, de muchos millones y con hasta 70 días de antelación la fecha de pago, ¡para el 31 de diciembre! Pues pasaron las horas, llegaron las campanadas y nada. ¿Qué los funcionarios de las mencionadas secretarías no se darán cuenta de los perjuicios que ocasionan a las empresas empecinadas en realizar obras estatales? Por mencionar algunos nombres, específicamente el subsecretario de Finanzas, Hugo Alberto Michel Uribe y el director general de Egresos, Miguel Orlando Turriza Cuevas, o encubren la situación –quizá al mismo Gobernador–, o se trata de un juego de mentiras y engaños que, como se insiste, terminan por dañar a todas las empresas que, finalmente, soportan la obra pública con sus propios recursos, a la expectativa de restituirlos con los anhelados pagos estatales.

Para muchos constructores esto significa una condición desesperada ya que, como se señalaba, no todas las empresas tienen la capacidad de enfrentar dilaciones tan injustas y perjudiciales. Ahora el tema es vuelta a lo mismo. Como inicia el año habrá que ver si Finanzas recurre a sus mecanismos de nueva recepción de documentos para ir cubriendo sus pagos quizá hasta ya entrado el nuevo año. Podría considerarse que este es un asunto que atañe solamente a los constructores pero no es así. Cualquiera sabe que se trata de un sector muy sensible e importante en cuanto a las fuentes de trabajo que genera y que ante la volatilidad de precios de materiales y otros factores, se pone en riesgo su potencial como factor económico fundamental en nuestra sociedad.

También valdría la pena recordar que muchos constructores padecieron y aún padecen los pendientes dejados por las pasadas administraciones municipales, especialmente de Guadalajara y Zapopan, además de que habían sufrido de por sí las consecuencias de lo amañado y distorsionado de la forma en que efectuaron las asignaciones de obra. Las preferencias prevalecieron en ambos casos y lo que sobró se lo repartieron pequeñas empresas que, el colmo, ahora arrastran hasta con la deuda.

Mientras, en el aparato estatal, SIOP y Sepaf se siguen "pasando la bolita" pues eso es lo que dicen los servidores públicos de ambas dependencia y aunque, es de suponerse, una obra se realiza porque se cuenta con los fondos para realizarla. Los incumplimientos, principalmente si tienen origen en la descoordinación o la irresponsabilidad, afectan ya seriamente al sector aunque, lamentablemente, tampoco los organismos representativos hacen oír su voz en pro de sus representados. La amplia y larga cadena productiva de la construcción, sin embargo, se ve amenazada y no es exagerado decir que muchas empresas son puestas por ello al borde del colapso y quizá hasta la extinción. Así de grave es la situación.

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