Planes urbanos

Más allá de los conflictos de vendedores ambulantes, la insuficiencia de servicios médicos municipales, los incontables baches de las calles, entre otros problemas y además otros líos que más bien parecen chismes de vecindad, lo cierto es que el ayuntamiento tapatío enfrenta cuestiones quizá más graves y serias, cuya solución no solamente es obligada sino imperiosa y a las que apenas se presta atención. Este es el caso precisamente de los planes urbanos.

Desde luego que no es cosa menor, muy a pesar de que por descuido, indecisión, oculta intención o razones simplemente desconocidas, las autoridades no han seguido lo establecido en la legislación de la materia. De ahí que permisos y licencias otorgados, en muchos de los casos que incluso han sido planteados y hasta denunciados por residentes de las zonas afectadas, quizá estén bien o mal técnicamente hablando pero, ciertamente, no van de acuerdo a lo prescrito en la ley. Es decir, en una palabra, son ilegales.

Cada tres años ha de revisarse el programa municipal de desarrollo urbano, a partir del plan de desarrollo urbano de centro de población y luego los parciales. Desde la gestión de Aristóteles Sandoval que concluyó con la suplencia de Francisco Ayón, quedó pendiente la revisión de las zonas uno y  dos y que involucran áreas citadinas especialmente sensibles como el Centro Histórico y la Minerva, mismas que han dejado aflorar el descontento de sus habitantes por permisos otorgados casi de manera discrecional.

Bajo la presidencia de Ramiro Hernández se realizó efectivamente la revisión de tales zonas pero luego se desecharon los procesos anteriores. Pocos se explican tal situación pero todo apunta a que hay desacuerdos y falta de entendimiento entre los equipos de Obras Públicas, a cargo de Carlos Felipe Arias y de COPLAUR, cuyo responsable es José Luis Valencia.

Y mientras estas dos entidades públicas no se ponen de acuerdo, prevalece la anarquía, abriendo un boquete enorme a los permisos sospechosos y quizá incluso dando oportunidades de corrupción que no solamente quedan en el ayuntamiento sino que dan pie a que el Tribunal Administrativo se despache en grande, autorizando todo lo que puede, y seguramente aprovechando la apertura que deja un ordenamiento ineficiente de parte del municipio.

Ahora está efectivamente prevista tal revisión –en lo general– pero ya ha transcurrido un año del periodo y para llegar a actualizar los planes parciales seguramente pasarán algunos meses más, o sea, cuando la administración entre tal vez en su recta final. Y mientras, los permisos que se han otorgado y que se siguen otorgando quedan en una situación jurídica controversial y Obras Públicas cae en una situación de graves cuestionamientos, como los que ya han hecho algunos regidores de oposición.

Lo importante es que tan trascendental tema no se politice sino que se llegue a la formulación de planes técnicamente establecidos y socialmente aceptados, lo cual hace indispensable una genuina representación de sectores en las discusiones previas, sean organizaciones vecinales, profesionales o empresariales. Si la participación ciudadana no es sólida y consistente, difícilmente se llegará a un buen resultado.

De ahí que lo más recomendable sería que la comisión edilicia sea verdaderamente rectora de estos procesos, con la apertura necesaria para captar inquietudes y propuestas de los ciudadanos y grupos representados. Ojalá y se integrara un consejo con estos perfiles, en el que vecinos, cámaras, técnicos y profesionistas, reciban los resultados de la consulta, clasifiquen la información y verifiquen que se apliquen estos criterios en los planes, COPLAUR no puede seguir siendo juez y parte. Nuevos criterios y ordenamientos, que exige el crecimiento de una ciudad que no puede dejar ya su destino al arbitrio y a los intereses de unos cuantos.

Miguel.zarateh@hotmail.com   

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