¿Fallas de procedimiento o reparto de culpas?

Los recientes acontecimientos trágicos no dejan de causar grandes inquietudes sobre la eficacia de la estructura de seguridad en Jalisco. Ante lo que parece ser objeto de preocupación nacional porque Jalisco no se convierta en otro foco rojo entre las entidades más peligrosas del país, la actitud de la Fiscalía General de Jalisco resulta muy cuestionable, sobre todo para insistir y seguir sosteniendo que este estado está aún muy lejano en este sentido a otros como Michoacán o Tamaulipas.

Hay que entender que el asunto no tiene nada de sencillo pero, a juzgar por las posturas de hacernos creer casi inmunes a ser avasallados por las bandas criminales, se nota lo contrario, quizá cierta desesperación por impedir que la percepción de inseguridad sigue creciendo entre la población y, de paso, en la imagen de Jalisco ante las autoridades centrales de la República. Son muchos, numerosos los casos que deberían ser objeto de atención ante la cotidiana comisión de homicidios, secuestros, asaltos y otros delitos, pero por las características del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, la única forma de “salir del paso” ha sido la de culpar a otros –en el asunto a la Policía de Tlaquepaque- por sus, dice el Fiscal Luis Carlos Nájera, “fallas de procedimiento” en la persecución de los delincuentes, muestra de la falta de coordinación entre corporaciones.

El impacto nacional causado fue muy grave, al grado que el propio Presidente de la República tuvo que hacer su parte ante los asistentes a la celebración del Día Mundial del Turismo y enviar condolencias a los deudos del diputado asesinado y su asistente. Vaya situación difícil ya que no hay nada que espante más a esa industria que la inseguridad. Y luego nos queremos romper vestiduras porque el Departamento de Estado norteamericano pone ya a Jalisco entre los estados con problemas de este tipo.

La verdad es que no fueron días nada afortunados. Al artero crimen habría que agregar las ejecuciones del día, el “levantamiento” de estudiantes del Instituto de Ciencias –afortunadamente sin consecuencias- y podrían agregarse muchísimos delitos que forman parte ya de una rutina noticiosa en todos los medios. Entonces, ¿por qué la insistencia en señalar que estamos mejor que otros rumbos de la patria? Nos importan, desde luego, la continuidad de las inversiones, la atracción del turismo, la generación de empleos y la imagen misma del estado pero, definitivamente, nos importa más todavía la seguridad de nuestras familias.

Hay algunos signos, si se quiere todavía no muy definidos, en cuanto a que el gobierno de la República no tiene confianza plena en las estrategias de seguridad en Jalisco. La llegada de elementos de Gendarmería se ha tratado de ubicar en un contexto de  apoyo solicitado, pero más bien da la impresión de la preocupación porque aquí no se sigan saliendo de control las cosas. Y en lo que respecta a procuración de justicia, el hecho de que la PGR sin más haya atraído el asunto del asesinato del diputado, francamente pone a dudar sobre si las instituciones jaliscienses son capaces o no de resolverlo.

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos si en realidad ha funcionado bien la Fiscalía General del Estado, y nos referimos al hecho de que se pretendió fusionar las áreas de seguridad y procuración en un solo mando para mayor eficiencia y control. La verdad es que no hay hasta ahora pleno convencimiento de que tal medida ha surtido su esperado efecto. El fiscal Nájera siempre fue reconocido como un buen policía y lo acredita un historial que también conlleva su preparación profesional en ese ramo. Sin embargo, la procuración de justicia que ejerce a través de otros, está dejando qué desear y quizá esto es atribuible a que la formación del Fiscal General no fue precisamente la de un genuino jurista.

Quizá no valgan las comparaciones a destiempo, pero en Jalisco se recuerdan grandes procuradores, como un Salvador Cárdenas Navarro, que ejerció mano firme en una época muy aciaga para la seguridad y recién golpeada incluso por el terrorismo, como también está en la memoria la figura de Leobardo Larios Guzmán, jurista y humanista pleno que perdió la vida apenas a unas semanas de haber dejado el cargo aunque, a decir verdad, nunca se acompañó de escoltas y mucho menos del pequeño ejército que ahora acompaña por doquier al actual Fiscal. Vaya que hay diferencias.

En lo personal debo confesar que me duele la muerte de Gabriel Gómez porque aunque no gocé de su amistad, sí lo traté cuando fue alcalde de su pueblo, poco pero lo suficiente para recordar qué clase de persona era y su calidad de hombre de bien.

Para mí y para todos los jaliscienses son hechos que conmueven y que llevan a reflexiones profundas sobre nuestra situación real –bastante triste y preocupante- y, más allá, sobre el futuro que nos depara y a nuestros hijos. Lo sucedido al diputado es tal vez un reflejo de que algo no anda bien en los planes y operativos que se realizan. La Fuerza Única ha sido recibida con beneplácito pero todavía no se advierten sus resultados. Y las preguntas surgen casi espontáneas, “si eso le pasa un diputado, ¿qué no les pasará a los más vulnerables?”

Quizá sea tiempo de retomar y examinar nuevamente los esquemas planteados ante la de por sí un tanto accidentada designación del Fiscal General en marzo del año pasado, cuando incluso se reformó la ley para designarlo. No es la intención juzgarlo, ya que muchos lo conocimos y respetamos como un buen policía, pero sí es necesario sopesar si la acumulación de funciones fue verdaderamente conveniente. Más allá de las cuestiones personales y de los intereses políticos –que también se hacen cada vez más presentes al acercarse la temporada electoral-, lo importante es que el gobierno estatal reaccione con determinación y no con excusas ni repartiendo culpas.

 

miguel.zarateh@hotmail.com 

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