¡Ey… diputados, hay trabajo pendiente!

Después del tremendo revés que le dieron los diputados al reclamo ciudadano para la designación de un nuevo Auditor Superior del Estado, no es mucho lo que se puede esperar de ellos. La verdad, la decepción se consumó y ya fue imposible disfrazar la farsa en la convocatoria de quien supliría a Alonso Godoy, quien pasará tristemente a la historia con el mote del “auditor más caro del país”, y no solamente por el sueldo que percibía sino por lo que seguramente nos salió costando con sus decisiones a todos los jaliscienses.

Pues bien, ya se daba por sentado que las cosas no iban a cambiar tan fácilmente. Los organismos no gubernamentales, asociaciones privadas, grupos de activistas y hasta las cúpulas empresariales, a quienes se dejó con un palmo de narices ya que los desplegados publicados y el llamado por todos los medios al Congreso del estado para no dejar en veremos dicha designación, no tuvieron resultado alguno ni mella en la mente de quienes devengan “representando” a los ciudadanos. Sin embargo, hay que decirlo, resultó la de aquellos grupos y cámaras una postura firme, importante, pero un tanto tardía ya que para entonces los arreglos estaban hechos a trasmano, con todo y que el intervencionismo del gobernador Aristóteles Sandoval se notó bastante en este caso, como lo hizo de manera todavía más evidente en el nombramiento de nuevo Presidente en el Poder Judicial de Jalisco.

Se ve, sencillamente, que las actitudes no cambian, trátese del color o liderazgo político que se quiera. A fin de cuentas, la Auditoría es un tema que involucra a todos los entes políticos y nadie, pero de veras nadie, quiere exponerse. Resultado final, bastante parecido al juicio salomónico, renovarle un tiempo al auditor Godoy, a unos días de que pase a disfrutar de todas sus prestaciones acumuladas, la continuidad de su poder ahora a cargo de su subordinada María Teresa Arellano, a quien mucho le costará demostrar con hechos su dicho de que no le deberá el cargo a su antecesor y que su conducta se apegará ciento por ciento a la ley. Veremos.

Quizá sea por esta clase de experiencias que sea tan difícil que la población recupere la confianza en el Congreso. Son contados los diputados estatales o federales que muestran con sus hechos sus intenciones de servir o al menos de ser más leales con sus compromisos ante la sociedad que representan. Véase cómo apenas alrededor de un 15 por ciento de los legisladores federales tuvo la entereza de no recibir el famoso “bono navideño”, con todo y que algunos lo hayan hecho por populismo o por que se quiera. Cierto que hay algunas mejoras de actitud, especialmente en el Congreso local, pero quedan muchas, muchas dudas, sobre la autenticidad de buscar nuevas fórmulas y leyes para corregir a fondo los problemas de corrupción dispendios y tantos más.

Por ejemplo, a los diputados jaliscienses les corresponderá pronunciarse por una nueva Ley de Obra Pública, lo cual pasará a convertirse en una prueba más para demostrar su voluntad de que las cosas cambien en esta materia. Y hay que tener presente que es principalmente por este rubro que se han dado los escandalosos casos de entidades como Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, etcétera, sin desconocer que en nuestro propio estado las cuentas nunca quedaron claras con respecto a las inversiones realizadas por el gobierno de Emilio González Márquez, como las que tuvieron relación con las obras panamericanas o las acusaciones que propiciaron el cambio del titular en la SIOP. Así que el asunto de una nueva legislación en la materia puede constituirse en uno de los instrumentos más importantes y trascendentes hacia una genuina transparencia en la aplicación del gasto público.

De ahí que la propia Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Jalisco en voz de su presidente Benjamín Cárdenas, sea la promotora de esa urgente transformación legislativa ya que la vigente, con una docena de años de vigencia, ha perdido actualidad pese a algunas reformas. Los cambios en el país y en el estado han sido vertiginosos, además de que es inaplazable atender a cuestiones como que la Obra Pública se derive con preferencia a empresas locales, sea creado “por fin” un banco de proyectos, se cataloguen y se informen precios unitarios básicos que sirven de pie a las propuestas de obra, pero, sobre todo, que se garantice la imparcialidad en los procesos de contratación y se califique para su asignación mediante procedimientos matemáticos que inhiban el manipuleo conveniente y cargado siempre al constructor favorito del sexenio. Son años de trabajo los que la CMIC ha invertido para investigar y plantear los puntos fundamentales que contribuirían a un gasto público eficiente, ordenado y transparente en este sector.

Claro, como en otras cuestiones del ejercicio público, es primordial tomar en cuenta al ciudadano mismo, “testigo social” como propone la CMIC, y agregaría que para la toma de decisiones dentro del “Comité Mixto de Obra Pública” propuesto, sería también conveniente la participación de asesores profesionales independientes, especialistas que no fueran “juez y parte”, para lo cual resultaría por ejemplo valiosa la intervención de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en todos estos procesos.

Como se ve, los diputados locales tienen mucho trabajo r-e-a-l por delante. Ojalá y ya tomen en serio los reclamos ciudadanos. Eso, si la Legislatura actual no quiere pasar al juicio popular que sentenció a las anteriores.

miguel.zarateh@hotmail.com

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