Decisiones urbanas y CEDU

A veces se les dan demasiadas vueltas a las cosas cuando, de hecho, existen ya las leyes y los instrumentos para resolver problemas y tomar importantes decisiones. Hay muchos ejemplos de ello, como las discusiones y debates en torno al medio ambiente –y a manera muy especial todo lo que tiene que ver con los pulmones que rodean la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)–, la regulación de la construcción y el crecimiento de la urbe y ahora la preocupación por el futuro del abasto de agua a la capital jalisciense, claro, sin seguir mermando el Lago de Chapala.

Ejemplos son, en efecto, de cuestiones que mucho inquietan a los ciudadanos y que obligan naturalmente a las autoridades a asumir una responsabilidad determinante. Sin embargo, como ha sucedido sin exagerar en las últimas décadas, suele quedar todo en un mar de discursos, declaraciones mediáticas y, aunque se hable de supuesta buena fe, deriva en opiniones y juicios que mal que bien orillan a pensar en un cúmulo de intereses, económicos, políticos o –la mejor parte– de simple afán de protagonismo.

Así nos la hemos ido llevando con cada tema estructural para la zona y no es de dudar que a la autoridad en turno a veces le tiembla la mano para aplicar lo conducente ante un quizá oculto temor de que se reviertan en su contra críticas desfavorables. La verdad, pareciera que se tarda mucho en llegar a las decisiones en aras de mantener al máximo una imagen de quedar bien con todos, lo cual no conduce a nada y entorpece todo.

Pero hay que traer a la mente que ya desde hace veinte años, precisamente en una época de transición gubernamental durante el interinato de Carlos Rivera Aceves, se constituyó el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU), producto de la correspondiente legislación de la materia y que surgió con toda la viabilidad de convertirse en un órgano confiable y de auténtica representación de los sectores y organismos oficiales, privados, sociales y sobre todo técnicos, para atender aspectos torales en el crecimiento.

Lamentablemente pasaron administraciones enteras sin que el mencionado consejo ofreciera los resultados esperados. Y es que en vez de erigirse como instrumento de consulta pública para el gobierno, en los sexenios del panismo, se le relegó a un papel poco relevante y fue observable una tutela de intención claramente oficialista.

De hecho no fue sino hasta el 2008 cuando el nuevo Código Urbano reitera la importancia del mencionado Consejo que había sobrevivido a las administraciones de Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y en parte a Emilio González, a fuerza de la motivación y carácter de sus representantes ciudadanos. Y ya para el 2011, con la reforma a su reglamento, aunque aún sin fuerza, se logra una nueva composición que favoreció la coordinación ejecutiva con un consejero ciudadano.

Apenas a mediados de 2013, el gobernador Aristóteles Sandoval instaló el nuevo CEDU que preside por ley y que marcó un signo importante: “No puede haber desarrollo urbano si no hay desarrollo humano”.

Existe ahora, pues, una nueva visión y una coordinación mucho más dinámica y ejecutiva que recae en manos de Héctor García Curiel, grandes retos tiene, como el fortalecimiento de las vocálicas que se orientan incluso a la regionalización, lo cual significa una oportunidad de dar al consejo la importancia que merece en la toma de decisiones, que de paso ahorraría mucha palabrería y juego de intereses creados entre quienes sólo aprovechan los grandes temas urbanos para su particular proyección y usufructo.

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