Código Urbano, una cartita difícil

Les dejaron una cartita difícil a los integrantes de la nueva Legislatura de Jalisco, y al Gobernador. Los diputados salientes y apenas a tres días de dejar la responsabilidad, se apresuraron a la aprobación de reformas al Código Urbano de la entidad con miras a "hacer historia" y lo único que heredaron fue un mar de problemas y, lo peor, un ordenamiento tan defectuoso que arroja, a primera intención, alrededor de nada menos que centenar y medio de errores, algunos de ellos verdaderamente graves.

Hay que reconocer que hubo cierta preocupación por la materia legislada y que quizá no hubo maraña, pero sí tendencias que prevalecieron a la hora de formular la iniciativa definitiva ya que en cosa de semanas el trabajo de meses que formaron más de un año se trasformó radicalmente, para mal y no para bien desafortunadamente. Con todo y que la comisión encargada del análisis, estudio y realización de obligadas reformas, encabezada por el ahora ex diputado Trinidad Padilla López y Lizette Flores Núñez, dedicaron bastante esfuerzo y prologada tarea a la materia en cuestión, quizá los apretado de los tiempos y seguramente algunas influencias ambientalistas quizá de última hora, terminaron por apresurar una aprobación que, definitivamente, dejó mucho que desear.

Tan es así que las mismas autoridades federales, en cuanto vieron lo que se avecinaba, dieron la voz de alerta de que no solamente se estaba atentando contra programas básicos del país –como el impulso a la vivienda popular-, sino que incluso en algunas líneas se estaba contraviniendo la autoridad de ese nivel ya que el ordenamiento territorial corresponde básicamente a la Federación. Pero los señalamientos de los delegados de la SEDATU, INFONAVIT y FOVISSSTE no sirvieron para mayor cosa y las reformas se aprobaron porque, muy posiblemente, no se iba dejar esa "gloria", producto de tanto trabajo, para la siguiente diputación.

El caso es que al evidente rechazo de las mencionadas autoridades, se siguieron por consecuencia los de los organismos privados, incluidas por supuesto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), de la Cámara Nacional de Empresas Consultoras (CNEC) así como otros sectores de la iniciativa privada y organismos de profesionistas del ramo, quienes luego de haber incluso participado muy activamente en la formulación de las necesarias reformas, se vieron ante un resultado final que, afirman categóricamente, afectará más que ayudar a resolver los grandes problemas.

Quizá el caso más significativo es el de la ampliación de las áreas de cesión que pasará del 16 por ciento actual hasta el 24 por ciento. Es decir, la superficie de donación, supuestamente para servicios públicos determinados y áreas verdes, llegaría a la cuarta parte del total. Para todos los organismos y dependencias mencionados, sencillamente esto terminará por provocar un efecto perjudicial casi de manera inevitable: el encarecimiento de la vivienda y en especial el de la de tipo popular. Además, está claro que los riegos para el inversionista serán consecuentemente mayores y la inviabilidad económica, como se afirma con toda certeza, habrá de provocar freno en la actividad promotora. El costo de tan excesiva donación será trasladado al comprador y quizá, además de lo anterior, se generará una pérdida de subsidios para los que menos tienen.

También las modificaciones realizadas terminan, paradójicamente, por incluso ilegales, como los que trasladan facultades decisorias a las secretarías de medio Ambiente y de Infraestructura, en cuestiones de materia urbanística que solamente corresponde a las autoridades municipales, que sufren de paso otras intromisiones indebidas como el de un dictamen del Instituto Jalisciense de la Vivienda para otorgar viabilidad de proyectos, y otras similares.

Ni qué decir de las sanciones administrativas previstas en las reformas mencionadas ya que no se tomaron en cuenta los cambios correspondientes a la Ley de Servidores Públicos para acreditar sus responsabilidades, o bien los cambios al Código penal para que se impongan hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 3 mil salarios mínimos vigentes a propietarios de inmuebles, promotores, representantes legales, constructores, o a los funcionarios responsables de obra que de manera "dolosa" autorice el desarrollo de una construcción de manera indebida. Está claro que se tipifica un delito "necesariamente" doloso para cualquier persona relacionada con acción urbanística, una presunción altamente riesgosa que terminaría convirtiendo la promoción en un acto delictivo. En otras palabras, seguramente se estaría incurriendo en un tema muy grave: el estado de indefensión. Y hay mucho más que observar en este aspecto ya que la simple interpretación podría involucrar hasta fiduciarios, herederos, accionistas, etcétera.

Por tal motivo y de manera conjunta, los organismos han solicitado ya al Ejecutivo que no apruebe las reformas al Código hasta que sea devuelta la iniciativa a la ya actual Legislatura, para que se tomen en consideración todos los puntos que quedaron en tanta controversia y errores, incluyendo las violaciones hasta a preceptos constitucionales que contempla. No obstante, seguramente habrá que abrir espacio a las soluciones de fondo y entre todo ni duda cabe que ya no hay de otra: urge una nueva Ley de Desarrollo Urbano.

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