¿Será tarde para cambiar?

Ayer sábado 10 de diciembre se conmemoró el día mundial de los derechos humanos. Se recuerda la aprobación de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual deben aceptar y cumplir en sus territorios las naciones para ser parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es la legislación vertebral del sistema de leyes internacionales conformado a lo largo de los años por el consenso de las naciones a través de la Asamblea General de la ONU.

A 68 años de su promulgación, estos derechos siguen siendo una meta por conseguir.

Nuestro país organizó su vida política y nacional con la filosofía de los derechos humanos, visible en todos los textos constitucionales de su historia independiente. En especial, la Constitución de 1917, por cierto, a pocos meses de su centenario se redactó y estructuró con base en la esencia jurídica, social y política de esa filosofía, legible en los primeros 28 artículos del texto y otros más, tal como el 123. En aquellos tiempos se prefirió llamarles “garantías individuales” para enfatizar la obligación del Estado de garantizar la vigencia y cumplimiento de esos derechos concedidos a todos los habitantes del país, tanto en la vida pública como en el trato civil entre personas.

En casi cien años el texto se ha enriquecido con nuevos derechos –garantías sociales, políticas y ambientales–, nuevas instituciones y una compleja red de legislación normativa y procedimental para cumplir y hacer cumplir el mandato contenido en los textos. La realidad de su cumplimiento es aún una aspiración. Cien años no han bastado para aceptar en los hechos las conductas y los procesos congruentes con los significados de esos derechos, garantías y procedimientos. No podemos quejarnos de falta de legislación y normatividad secundaria si estamos ante hechos cotidianos que niegan la viabilidad de esos mandatos, tanto en la vida pública como en la civil. A diario se violan los derechos humanos y aparecen incumplibles.

Instituciones y autoridades rebasadas por la corrupción. Funcionarios, ciudadanos, técnicos, empresarios, trabajadores, líderes, partidos políticos, pueblo de a pie estamos desapegados, cuando no francamente desobedientes, de las obligaciones públicas y personales congruentes con los derechos humanos. Hasta tomamos justicia en propia mano. ¿Será tarde para cambiar?