La educación otra vez

Sorprende la nueva disputa por cifras del sector educativo. Cualquiera puede extrañarse de estos diferendos cuando estamos en la época de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿O ya se vale la opacidad, de nuevo? ¿No basta hacer una solicitud formal a las Secretarías de Educación (federal y estatal) para que entregue los datos de sus registros y, si es el caso, hacer el reclamo de mala administración con esa base? No parece.

Es desgastante para los ciudadanos saber, por parte de un organismo independiente evaluador, la noticia de un conjunto de datos que revelan cierto malgasto de los dineros por parte de la administración de la educación que hace el gobierno; más desgaste al leer la descalificación del informe porque “usa datos no ciertos”. Y más deterioro de la función pública cuando se advierte por el responsable nacional de la estadística en Jalisco, que la administración educativa entregó datos “incompletos”. Peor. El mismo instituto estadígrafo, informa haber establecido afirmaciones con esa base incompleta hoy reclamada. Vaya con la danza de las cifras. Otra vez: ¿Las leyes de acceso a la información pública están de adorno?

Más allá de la disputa, irrelevante quizá, conviene caer en la cuenta de un ingrediente de este pastel de datos y cifras. El reciente mandato constitucional de establecer un Sistema Nacional de Información Educativa, establece el propósito de entregar a la nación (sociedad y gobierno) un censo nacional de dicha información. ¿Qué hizo el responsable constitucional de operar ese mandato? Pedir la información a las instancias administradoras de la educación en el país y tratar de verificarla. Error de base. Si las Secretarías de Educación de los gobiernos tuvieran la información, ¿porqué el mandato de crear un Sistema Nacional y encargarlo al Instituto Nacional responsable de los datos del país? El error de base está en intentar un censo (conteo del universo educativo) a partir de una información inexistente o incompleta. Habrá explicaciones mil. Lo único cierto es que el país no tiene hoy un censo educativo confiable. Habrá que emprenderlo como mandan los cánones, con el presupuesto y el tiempo suficiente.

Afirmar bondades o mal hechuras en el sector educativo con base en las cifras del pretendido censo o sólo con cifras de la autoridad es un atrevimiento. La transparencia sufre.