Vigilar, ¿hasta dónde?

Hace unos meses ocurrió un secuestro en la avenida Periférico Sur. Horas después se encontró el cuerpo de un diputado federal y de su chofer a decenas de kilómetros del lugar del secuestro. Ese terrible hecho desató un debate sobre las cámaras de vigilancia que captaron el suceso y sin embargo, se dijo, nadie estaba observando las pantallas a las cuales llegaba la señal de las cámaras y por eso escaparon los delincuentes. El debate entre otras conclusiones, terminó con la decisión de remover las cámaras inútiles, y quizá – no se sabe - a los observadores omisos.

El suceso y sus secuelas plantearon la pregunta por la utilidad de la vigilancia de las calles y de los ciudadanos. Y también una cuestión más sensible: ¿Esa vigilancia no agrede la privacidad? ¿La observación del Estado policial limita el ejercicio de la libertad y los derechos de los ciudadanos? Es un debate muy complejo pues involucra aristas filosas. Por un lado es necesario que el Estado en sus funciones policiales vigile las actividades y movimientos de la población para detectar lo que pudiera resultar peligroso a la paz o dañoso para personas o instituciones. De otro modo se le condena a solo reaccionar una vez sucedido el crimen, el ataque o el acto malvado. Por otro lado, esa observación vigilante puede dañar los derechos de las personas y los grupos o, y aquí el filo, la puede utilizar para evitar o estorbar las actividades legales pero incómodas o de oposición al gobierno.

El debate se complica con el uso de la tecnología cibernética porque permite al gobierno observar sin que el observado se dé cuenta. Es decir, se invade la privacidad sin permiso o aviso. El gobierno se defiende por la mejor protección de los ciudadanos y las instituciones que logra con esos dispositivos. Sin embargo, la observación, como en el caso del Periférico Sur, puede ser mal usada. ¿Cuáles son las protecciones disponibles para los ciudadanos en el caso de abusos del gobierno o de sus agentes por el mal uso de la información privada obtenida?

Y el filo más delgado: ¿Cómo evitar el uso para fines ilegales de la tecnología de observación por personal no gubernamental o por criminales? ¿Cómo se castiga al transgresor? La técnica, y más la cibernética, es de quien la domina. Los casos recientes de amenazas cibernéticas en nuestra comunidad obligan a reabrir el debate.