Participación social

Sociedad y gobierno son dos entes complementarios para la vida social. El fundamento de la afirmación parte de la premisa del orden social para convivir y acepta la necesidad del gobierno para imponer ese orden cuando haga falta. La sociedad le entrega el poder al gobierno para que lo use en imponer el orden, cuando las personas se olvidan de los demás y los dañan. Queda claro pues: La sociedad es primero, el gobierno un derivado de ésa. El poder es una potestad de la sociedad, la cual entrega su ejercicio ordinario al gobierno, con reserva de la propiedad. Se lo puede retirar.

La participación de la sociedad en el gobierno no es una concesión de éste. Es el ejercicio de una potestad. De ahí la equivocada postura de gobernantes de considerar la participación social como una gracia del gobierno hacia lo que llamamos “sociedad civil organizada”. Que ciertos sectores de la sociedad quizá ignoren esa potestad, no elimina el raciocinio. El derecho a participar no viene de la invitación gubernamental o legislativa.

No. La sociedad, organizada o no, tiene el derecho de tomar cuentas al gobernante, el derecho de protestar sus decisiones por considerarlas dañosas o limitativas de sus derechos, de manifestarse para presionar y hacer ver lo desproporcionado de ciertos actos de poder. Y por tanto, de tomar parte como sociedad en vigilar y proponer correcciones a la operación administrativa del poder. La única limitación de este ejercicio es no afectar derechos de otros miembros de la sociedad.

Muchas leyes en los años recientes han incluido consejos ciudadanos, consultivos, vigilantes y hasta ejecutivos para “ordenar” la participación social. Y al mismo tiempo los gobernantes han limitado en los hechos esa participación con decisiones y omisiones administrativas. Uno de estos casos más notable se da en la operación de los consejos de participación social en educación, establecidos desde 1993 en la ley respectiva. Sencillamente son inoperantes. Dependen de voluntades de funcionarios miedosos de la vigilancia social. A pesar de eso, hay casos notables de ciudadanos convencidos de sus derechos que se las ingenian para aportar a la educación, con propuestas concretas, algunas innovadoras, de gran significado para los estudiantes, niños y jóvenes. Precisamente porque la sociedad no requiere permiso para hacerse cargo de sí misma.