Educación de calidad amparada

Educarse es un derecho, un derecho humano. Garantizarlo, promoverlo y reparar los daños provocados por no cuidarlo es tarea del gobierno, en nuestro caso mexicano, de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias. Esta postura no está exenta de complicaciones teóricas y prácticas. Estas últimas son las más visibles para los ciudadanos y las más reclamadas por tanto. Por ejemplo, ausencia de profesores, lecciones mal dadas o incompletas, escuelas sobresaturadas y sin condiciones mínimas para el aprendizaje y la docencia, y otras. Con todo y complicaciones el país logra todos los días, con algunas excepciones, la hazaña de operar y hacer funcionar cerca de 200 mil escuelas en toda la geografía nacional.

Nuestro avance democrático ha propiciado mayor interés ciudadano y social en la educación y en la mejora de la misma. Por ejemplo, las evaluaciones de alumnos y maestros, el manejo del presupuesto, el logro académico y otras actividades del Sistema Educativo Nacional son cada día más de creciente interés público. La educación ha sido arena de disputas políticas y una dimensión de las propuestas de los actores políticos más examinadas, debatidas e impugnadas. En estos días la educación es arena principal de la disputa política en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. A esta disputa se le quiere ver sólo como un asunto “educativo” cuando en realidad es una confrontación de proyectos y demandas políticas. No abona al derecho a la educación. Tampoco interesa ahí.

En este escenario turbulento llama la atención la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concede el amparo de la justicia federal a la organización “Aprender Primero”, filial de Mexicanos Primero AC, para que se realice la auditoría fiscal correspondiente al dinero público entregado a gobiernos estatales y municipales a través del Fondo de Apoyo a la Educación Básica y Normal. Se trata de ordenar a la Auditoria Federal hacer la compulsa del destino de esos recursos a fin de verificar si se entregaron para los fines presupuestados o fueron desviados hacia otros asuntos, actores y finalidades. Es una sentencia más en las cual la Corte avala el interés jurídico de las organizaciones de la sociedad civil en materia del ejercicio de gobierno. Sin duda es un paso más en el control democrático de la garantía del derecho a la educación.