Democracia y corrupción

Es imposible, dicen, suprimir la corrupción de cualquier gobierno. Por ejemplo, las decisiones prácticas de los gobiernos mandadas por la ley pueden ser ocasión de soborno o de “transa”. Quienes tienen el poder pueden encontrar el resquicio para empujar una licitación de compra u obra pública hacia cierto proveedor o contratista a pesar de procedimientos rigurosos. Quienes quieren ganar un contrato o el concurso por una obra pública pueden encontrar el modo de “ayudar” a quienes deciden, a pesar del rigor del procedimiento, para inclinar la balanza hacia el concursante interesado. La investigación de las prácticas de gestión del gobierno lo ha dejado claro. Se comprueba que todo candado tiene una llave.

El régimen democrático no es la excepción. Sin embargo, sí es posible disminuirla. La clave es la actuación de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, en especial del derecho a la información. En la democracia este derecho se ejerce cuando los ciudadanos piden, obtienen y revisan la información en manos del gobierno para enterarse de los detalles del proceso por el cual el gobierno llegó a una decisión y cuestionarla si es el caso. Otro ejercicio clave anticorrupción es el derecho a participar en las decisiones de política pública del gobierno. En la democracia mexicana faltan leyes para obligar al gobierno a documentar por escrito sus decisiones y leyes para que las sesiones de los consejos y comisiones gubernamentales en las cuales se tomen decisiones de política pública sean públicas y abiertas.

James Madison, que fue vez presidente de los EE.UU. escribió en 1826: “Un gobierno popular en un pueblo sin información, o sin los medios para adquirirla, no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia o, tal vez, de ambas. El conocimiento gobernará siempre sobre la ignorancia, y un pueblo que quiere gobernarse a sí mismo debe armarse con el poder que el conocimiento confiere”.

¿Así o más claro? ¿Hoy vivimos en nuestro país: farsa, tragedia o ambas? Frente a la crisis y el caos en algunos territorios del país, el principio de solución es más democracia y más de sus “armas”: Derechos, libertades, instituciones, contrapesos reales del poder, las prácticas congruentes de los gobernantes en su actuación concreta y cotidiana y, sobretodo, mayor injerencia real de los ciudadanos en las decisiones de política pública.