Congreso ineficiente, ¿o incapaz?

Desilusión es lo menos con la actuación del Congreso de Jalisco, incapaz de decidir con responsabilidad el nombramiento del auditor superior del estado. Una vez más ese organismo, cabeza del poder legislativo de Jalisco, uno de los tres vértices de la organización del estado, se descompone con un nombramiento para los cargos importantes de la función pública. Si fuera una enfermedad, el paciente estaría en etapa terminal después de mil y una curaciones, pues síntomas, gravedad y descomposición lo atenazan.

¿Qué tendrán los puestos de alta responsabilidad que les causan tanto miedo a los responsables de nombrar, elegir o escoger a los encargados? No es fácil imaginar otra afección o emoción. La ley es clara, las reglas tienen definidos límites y características, los propios electores fijan el procedimiento y sí, se tropiezan cual seres ineptos de entender su propio funcionamiento. Conviene recomendarles invertir unos dineros en contratar una asesoría externa y certificada, con calidad probada, para ayudarse a detectar la o las causas del mal y recomendar la o las soluciones. Si no por otra razón, para evitar que su prestigio baje al nivel del subsuelo, del que están muy cercanos. O no. Mejor piensen en cambiar la ley y dejen a otros el encargo se proveer de nuevos responsables a los altos cargos de la administración pública.

Aprovechar el dinero de los impuestos entregados por la población para sostener al gobierno y atender las necesidades comunes y públicas es un pilar de democracia. Si falla o tiembla la democracia se gasta y desgasta. Nada fácil de reponer. De ahí que cuidar el gasto óptimo de ese dinero es una actividad crucial para la vida democrática toda del estado y del país. Hacer eficiente ese cuidado, lograr que se gaste bien, reprimir el mal gasto y evaluar el resultado con entera imparcialidad, es una tarea requerida de amplia autoridad y capacidad técnica para aplicar con integridad todos los extremos propios de la acción de vigilancia y fiscalización. El sentido clave de esta tarea está en obtener el mayor beneficio colectivo del gasto público. Ese sentido está perdido porque el cuidado del mismo es ineficiente.

Por eso hay desilusión porque el Congreso se echó para atrás en su compromiso de nombrar al auditor superior “piedra angular” en el cuidado del óptimo uso del dinero de los contribuyentes.