LA CAUSA Y LO CAUSADO

La Ley de Seguridad Interior, el momento de la Corte

Ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Presidente de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró que presentará acción de inconstitucionalidad, si esto ocurre será el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra en este tema. Sin embargo, la afirmación del Presidente en el sentido que esperará la resolución de la Corte para aplicar la ley más parece un desafío que un acto de responsabilidad. Mal hace el Presidente al rivalizar con las sociedad y mal haría la Corte al someterse a los intereses del Poder Ejecutivo.

El gobierno federal ha perdido toda sensatez en el ejercicio de la autoridad y se ha olvidado que quien ejerce el poder cuida el interés general. Ahora queda claro lo que siempre desde la oposición real hemos sostenido: el actual gobierno solo se ha dedicado a cuidar sus intereses. Con la promulgación de esta ley, el presidente Peña Nieto se distancia cada vez más de la realidad y de los mexicanos. Desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera. Parece que nos reta, que reta a la razón y al sentido común, que nos dice: “a ver, demuestren que es inconstitucional.” Esto dicho desde la Presidencia de la República y todo el poder y recursos que concentra y su capacidad de influencia en la vida pública, se percibe como una nueva simulación, para simplemente avanzar en la legitimación de esta ley. Por momentos parece que todos los argumentos, reiteradamente expuestos por representantes de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones defensoras de estos derechos, activistas, periodistas y académicos, están escritos en un idioma que el gobierno federal no entiende o, mejor dicho, lo entiende, pero simplemente los ignora.

¿A quién obedece Peña Nieto cuando impulsa esta ley? Obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice, pero también obedece a la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, y lo quiere así por el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en nuestro México en 2018. Esta idea que los voceros y plumas del gobierno han querido descalificar diciendo que se trata de simples especulaciones, es el fondo del problema. No pasará mucho tiempo, para que comiencen a aparecer datos y declaraciones de la subordinación del gobierno de México a este tipo de intereses.

El presidente Enrique Peña Nieto carece de una visión de Estado y los integrantes de su gobierno no son estadistas. Este gobierno no escuchó a la sociedad, a intelectuales, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos del país y de otras naciones del mundo. En estos momentos, el gobierno no calibra adecuadamente el impacto social de estas decisiones. Apuesta que con las fiesta decembrinas y el nuevo año, el tema quedará olvidado, como ocurre con varios tópicos de la agenda nacional. Se equivoca, la respuesta y crítica no ha cesado; por el contrario, son cada vez más la voces que alertan sobre los riesgos que implica esta ley.

Es el tiempo de la Corte, de que el Poder del Estado mexicano responsable de salvaguardar la constitucionalidad de nuestra Carta Magna se exprese, y con sensatez emita su resolución respecto a la Ley de Seguridad Interior.

Ya veremos al inicio de 2018 si desde el poder se intenta disuadir a la CNDH para promover esta acción de inconstitucionalidad o, bien, se ejerce presión a los legisladores de la Cámara de Diputados o en el Senado de la República para que no se logre un tercio de cada una de las Cámaras para poder ejercer el precepto de la acción de inconstitucionalidad.

Twitter: @MBarbosaMX