LA CAUSA Y LO CAUSADO

'Gasolinazos' no

El gasolinazo tiene que cancelarse porque daña severamente la economía de la inmensa mayoría de las familias mexicanas. Es tiempo de que los titulares de los poderes públicos y los dirigentes de las fuerzas políticas asuman una posición. Es momento de que los gobernadores, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, los presidentes municipales, los congresos de los estados y los legisladores federales en lo particular fijen su postura respecto al alza de las gasolinas y el diésel.

No es el momento de ambigüedades, de jugar con el lenguaje o de comportamientos zorrunos, sino de hacerle saber al Presidente de la República el rechazo de la población al aumento de los precios de las gasolinas y el diésel.

El gasolinazo puede y debe revertirse. Debe recordarse que hasta el 1 de enero, el artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos disponía de un mecanismo para la determinación de los precios al público de las gasolinas y el diésel durante 2015, 2016 y 2017. Conforme a la fracción I de dicho precepto, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de esos hidrocarburos sería establecida por el Ejecutivo federal. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de los combustibles se determinarían bajo las condiciones del mercado.

Sin embargo, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 improvisó un mecanismo alterno para la liberalización del mercado de las gasolinas y el diésel, un procedimiento que evidencia la prisa por consolidar, cuando menos, un pedazo de su fracasada reforma estructural.

El gobierno federal y las cámaras del Congreso de la Unión no pueden permanecer insensibles al reclamo de la ciudadanía. El Congreso debe reconocer que se equivocó y que es necesario rectificar.

Siendo facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo presentar las leyes correspondientes a los ingresos de la nación, exhortamos al Presidente a presentar una reforma a la Ley de Ingresos 2017, en donde se cancele el adelanto en la liberalización de los precios de los combustibles.

Si bien el establecimiento de precios máximos para los combustibles ha sido utilizado como un mecanismo propagandístico con pretensiones políticas por el actual gobierno, ahora debe ser útil para conjurar el riesgo de la crisis social y sistémica en nuestra nación, por lo cual el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta de ley que fije las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular, con lo cual, de aprobarse, el precio máximo de la gasolina Magna sería de $13.974 pesos por litro; de la gasolina Premium, $14.80 pesos por litro; del diésel, $ 14.631 por litro, y del gas licuado, $13.582 por kilogramo. La reforma energética fracasó, no dejemos que el país también fracase.

*Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX