LA CAUSA Y LO CAUSADO

Un decreto para una política de Estado

La ley requerirá que los poderes públicos colaboren en una misma ruta frente a los riesgos del gobierno de Trump para nuestro país

La elaboración de un decreto del Senado de la República donde se fijen los objetivos, metas, principios y límites al diálogo bilateral que tendrá México ante el gobierno de Donald Trump, con el acompañamiento y estrecha colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), constituirá un paso importante en la construcción de una política de Estado mexicano en esta materia. Todas las acciones que se realicen a favor de los migrantes y que puedan evitar, anular o disminuir los efectos de las órdenes ejecutivas de Trump son positivas; sin embargo, los esfuerzos que realicen los poderes públicos en sus diversos ámbitos y niveles de gobierno deben ser organizados en torno a una estrategia para que en verdad sean útiles.

Debe quedar claro que el Estado mexicano y cada uno de sus entes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, protegerán y garantizarán el ejercicio de los derechos fundamentales de los mexicanos, independientemente de su país de residencia o tránsito, y velarán por los intereses económicos y comerciales de nuestro país y por la seguridad pública.

Por lo menos, este decreto debe estar integrado por cinco partes: un apartado que aborde la problemática migratoria en su amplia gama de casos y de circunstancias, desde los dreamers hasta los niños no acompañados. Esto significa que se establezca con claridad que los órganos e instituciones mexicanas implementarán acciones de atención, defensa y acompañamiento integral a los mexicanos en Estados Unidos. Una parte en la que contundentemente se exprese nuestro rechazo a la construcción del muro fronterizo, cuya construcción es una acción hostil que daña los más elementales derechos.

Otro apartado que trate los temas económicos y comerciales, no solo en lo concerniente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), sino la amplia red de relaciones comerciales entre ambos países; la revisión del TLC debe acompañarse de un diagnóstico sobre la desigualdad regional, sobre la movilidad laboral y finalmente sobre las políticas económicas que deben desarrollarse para fortalecer nuestra economía.

Un apartado que se enfoque en el respeto y en la defensa de los derechos humanos, que establezca la manera en que la SRE, a través de la red consular, velará por el respeto y garantía de los derechos humanos de nuestros connacionales; es decir, que en todo momento se respete la integridad física, psíquica y moral de los migrantes, que no sean sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y que no sean privados arbitrariamente de sus bienes o la injerencia en su vida privada y que, en su caso, enfrenten un juicio apegado al debido proceso.

Finalmente, se debe establecer una parte que contenga las acciones en materia de seguridad fronteriza a efecto de redefinir la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en la que se revisen temas como los montos y destino de los recursos de la llamada Iniciativa Mérida; los programas de capacitación y adiestramiento, las acciones y protocolos en materia de intercambio de inteligencia.

La construcción de este decreto será un ejercicio inédito en materia de trabajo conjunto entre el Senado de la República y la Cancillería; también, una necesidad de que los poderes públicos colaboren en una misma ruta de acción frente a los riesgos del gobierno de Trump para nuestro país.

Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX