LA CAUSA Y LO CAUSADO

La confianza perdida

Las visiones centralistas del poder suponen que el establecimiento de controles del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo debilita a este último. Estos controles no dañan a la Presidencia; la hacen democrática, más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La seguridad nacional, la seguridad pública y la procuración de justicia son funciones del Estado que involucran a los poderes públicos en el ámbito de su competencia.

Ante la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ¿qué le corresponde hacer al Poder Legislativo? Le corresponde precisamente eso: ejercer sus facultades como un poder del Estado mexicano.

Esto significa citar a comparecer cuantas veces considere necesario ante instancias legislativas —Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, comisiones o pleno— a los servidores públicos de la cadena de mando bajo cuya responsabilidad estaba la custodia de Joaquín Guzmán Loera para que, bajo protesta de decir verdad, informen al Congreso de este hecho.

Ahora bien, estas comparecencias de servidores públicos no pueden limitarse a un simple intercambio de opiniones entre servidores públicos y legisladores. Deben servir para que el Congreso forje un criterio sobre la actuación de estos servidores públicos y sobre la pertinencia de las leyes y normas que regulan su actuación, para tomar decisiones y acciones.

El Poder Legislativo no puede formar parte de una estrategia que tenga como objetivo transitar el impacto adverso generado por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. No podemos seguir en la lógica de la complacencia, por lo cual no solo se debe establecer un plazo perentorio para lograr la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, que como ya he mencionado debe ser antes del 1 de septiembre, sino expresar la pérdida de confianza en la cadena de mando que tenía que garantizar la custodia de esta persona.

La línea de mando, desde el secretario de Gobernación hasta el custodio a cargo de la celda donde se encontraba Joaquín Guzmán Loera, pasando por la institución de inteligencia que debió haber previsto y alertado sobre la fuga, falló en el cumplimiento de las responsabilidades que, conforme a la ley, tienen a su cargo para asegurar a este interno y evitar su evasión.

En un sistema democrático, todo servidor público debe estar sujeto al cumplimiento de la ley y asumir la responsabilidad correspondiente cuando falle en la consecución de sus funciones.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que integran la cadena de mando del Sistema Penitenciario Federal y del Sistema de Inteligencia del Estado mexicano han fallado en el cumplimiento de la encomienda, por lo que no son merecedores de la confianza de esta representación política. Las fallas graves en que incurra un funcionario no pueden quedar impunes, máxime cuando las mismas son producto de la corrupción y de la impericia en el desempeño público.

Corresponde al Poder Legislativo establecer las reformas que garanticen una adecuada distribución de funciones del Estado, por esta razón se presentó una reforma constitucional y legal para reinstituir la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de la República. No como una réplica de la que existió, sino una con mayores controles democráticos y atribuciones que aseguren su eficacia y eficiencia.

La idea de concentrar funciones en la Secretaría de Gobernación falló. Ahora debemos avanzar hacia una nueva distribución de funciones y competencias en áreas sustantivas del Estado.

*Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

 

Twitter: @MBarbosaMX